Venezuela

MIRA ESTO. YO ESTUVE AHÍ. TÚ ESTUVISTE AHÍ.

SOLICITUD A MARÍA CORINA MACHADO Y AL PRESIDENTE EDMUNDO GONZÁLEZ URRUTIA

Vivimos todo lo que hubo que hacer para ganar. Nosotros lo hicimos. Ellos hicieron de todo para echarnos para atrás y no pudieron.

Y no fue solo votar: nos organizamos, atravesamos los obstáculos, cuidamos las actas como si nos fuera la vida en eso, les dimos una pela en las urnas y demostramos que ganamos.

El país ya decidió.

A María Corina le dimos la conducción y a Edmundo González Urrutia lo elegimos presidente. Nosotros hicimos nuestra parte, y no hicimos todo aquello para volver a quedarnos esperando.

Tampoco les estamos pidiendo a ellos que inventen cómo. Aquí tienen la salida: una estrategia completa para poner en marcha el Gobierno que elegimos y hacer que el mandato que ya dimos empiece a mandar también en los hechos.

Pero para que eso pueda ocurrir, María Corina y Edmundo tienen que conocer personalmente el Documento Estratégico Operativo, de punta a punta, completico.

No un resumen, ni lo que alguien les diga que contiene, ni mucho menos una parte: tienen que conocer la estrategia completa, porque allí está desarrollada la salida que estamos poniendo delante de ellos.

Y aquí volvemos a entrar nosotros, porque podemos ser millones de venezolanos los que conozcamos esto, lo entendamos y estemos de acuerdo. Y eso importa. Eso es fuerza.

Pero si no hacemos que les llegue, podemos terminar otra vez en lo mismo de siempre, que nos cambien la forma y todo siga igual.

Por eso tiene que llegarles.

Y para conseguirlo tenemos que hacer dos cosas al mismo tiempo.

Primero, hacer que esta Solicitud aparezca públicamente una y otra vez, en tantos lugares como podamos, hasta multiplicar de verdad las posibilidades de que llegue a María Corina, a Edmundo, a su entorno, a los medios y al país.

Segundo, pasársela a tus contactos para que más venezolanos la entiendan, se sumen y hagan lo mismo.

Necesitamos las dos.

Porque podemos pasárnosla entre nosotros miles o millones de veces y aun así no tener la certeza de que les llegó. Por eso necesitamos que la Solicitud aparezca públicamente una y otra vez, y que cada vez más personas se sumen a hacerla aparecer.

Una cosa alimenta a la otra: mientras más personas se sumen, en más lugares aparecerá la Solicitud; y mientras más aparezca, más chances tenemos de que caiga en las manos de quienes tienen que verla.

Nosotros fuimos quienes los elegimos.

Ahora a ellos les toca conocer el Documento Estratégico Operativo completo y poner en marcha el Gobierno que elegimos.

Pero primero tenemos que conseguir que de verdad les llegue.

Yo estuve ahí. Hice lo que me tocó para que Venezuela decidiera.

Ahora hago lo que está a mi alcance para que ese mandato no se quede esperando.

PRIMER MOVIMIENTO

AHORA PUBLÍCALO

Haz que esta solicitud aparezca en X, Facebook, páginas, grupos, comunidades y comentarios.

Hazla llegar a periodistas, medios y cuentas que puedan multiplicarla y ponerla delante de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Que empiece a aparecer por todas partes.

SEGUNDO MOVIMIENTO

AHORA PÁSALO

Pásalo a tus contactos, grupos, comunidades y canales. Haz que otras personas entren, se sumen y vuelvan a moverlo.

Venezuela · Estrategia integral

A María Corina Machado y Edmundo González Urrutia

DOCUMENTO ESTRATÉGICO OPERATIVO

Una cosa antes de comenzar.

María Corina. Presidente.

Ustedes llegaron mucho más lejos de lo que durante años parecía posible. Se consiguió la conducción, se atravesó la inhabilitación, se encontró la forma de competir, se ganó la Presidencia, se demostró el resultado y Venezuela consiguió que el mundo lo viera.

Y hoy aparece una contradicción difícil de aceptar: después de haber conseguido todo eso, podemos terminar quedándonos prácticamente sin nada de lo que aquello debía producir.

En Venezuela hay una manera muy nuestra de decirlo:

Cachicamo trabaja pa’ la lapa.

Pero hay una salida.

Está delante de ustedes y cuesta verla precisamente porque obliga a mirar el ejercicio del Gobierno fuera de la forma en que normalmente estamos acostumbrados a verlo.

Eso es lo que desarrolla la propuesta que viene a continuación.

Ver no es mirar durante dos horas y dieciséis minutos. Ver es descubrir la relación que hoy está tapada por la forma habitual de mirar el problema. Mirar el árbol. Ver el bosque.

Por eso les pedimos que lleguen hasta el final.

Aunque en algún momento una parte les parezca demasiado sencilla, conocida, extraña o distinta de la manera en que siempre se ha entendido el ejercicio del Gobierno, sigan.

Porque una pieza sola puede decirles una cosa y, cuando aparece relacionada con las demás, mostrarles algo completamente distinto.

Son dos horas y dieciséis minutos.

Después de casi treinta años, después de todo lo que costó llegar hasta aquí y después de haber conseguido lo que se consiguió, dense ese tiempo para ver completo lo que tienen delante.

Y cuando lo vean completo, háganse una pregunta muy sencilla:

¿Qué podemos hacer nosotros dos con esto en las manos?

Porque ahí entran ustedes.

Lo que cada uno sabe. La experiencia que cada uno tiene. Las relaciones que han construido. La confianza que millones de venezolanos depositaron en ustedes. Y la capacidad que ya demostraron juntos para mover a un país entero cuando parecía que no había por dónde pasar.

Esta propuesta pone delante de ustedes una forma de convertir todo eso en Gobierno ejerciendo, en las condiciones que existen hoy, y utilizar ese ejercicio para recuperar aquello que todavía permanece en manos de la organización narcoterrorista.

Véanla completa.

Después decidan ustedes.

El Gobierno legítimo en Ejercicio. Instrumento, vehículo y arma para convertir el mandato soberano en gobierno actuando, y recuperar el estado venezolano.

Presentación estratégica reservada, dirigida exclusivamente a María Corina Machado y al presidente Edmundo González Urrutia. Concepción y desarrollo: José Ramón Díaz Piñero, abogado venezolano. Documento de circulación reservada. Buenos Aires, 1 de agosto de 2026.

María Corina.

Presidente. Antes de entrar en estas páginas, necesito pedirles algo muy concreto. Que sean ustedes quienes estudien este documento completo. Que lo recorran desde la primera relación hasta la última antes de delegarlo, pedir un resumen o decidir qué clase de propuesta contiene. No se los pido como una consideración hacia quien lo escribió. Se los pido porque la respuesta que este documento pone en sus manos no está completa en ninguna de sus partes aisladas.

La respuesta aparece cuando todas las relaciones quedan unidas.

Leída por fragmentos, cada pieza puede parecer algo conocido. La tecnología puede parecer una plataforma. La Gaceta Oficial viva puede parecer un canal. La movilización puede parecer una organización electoral. El ejercicio puede parecer una preparación para gobernar después. Y el arma institucional puede parecer una estrategia de comunicación. Cada una de esas interpretaciones puede resultar razonable por separado. Y, sin embargo, cualquiera de ellas puede destruir el objeto que forman todas las piezas juntas.

Una lectura parcial no entrega solamente una parte de la respuesta. Puede entregar una respuesta distinta.

Lo mismo puede ocurrir cuando el primer contacto se delega. Una persona extraordinariamente preparada puede reconocer muy rápido una categoría anterior, organizar dentro de ella todo lo que recibe y producir un análisis impecable, incluso un resumen brillante.

Pero ese análisis puede describir con precisión otro objeto.

No ocurriría por falta de inteligencia ni, necesariamente, por mala fe. Ocurriría porque la clasificación se produjo antes de que el documento terminara de construir la relación completa y, una vez instalada esa clasificación, todo lo que sigue puede ser leído sólo para confirmarla. Por eso, el primer encuentro con estas páginas necesita ser personal y llegar hasta el final.

La razón para pedirles esa atención es concreta.

El pueblo ya produjo una conducción política y un mandato presidencial. La organización criminal retiene por la fuerza los medios materiales con los que normalmente se completa la ejecución del poder del Estado. Esa realidad impone una pregunta que no es teórica ni pertenece al futuro.

Las palabras con las que se describe esta realidad tampoco son inocuas. Expresiones nacidas del trajinar político cotidiano —«el Gobierno actual», «quienes están en el poder», «el oficialismo», «la oposición» o «las dos partes»— trasladan a Venezuela las categorías de una disputa institucional ordinaria. Cada vez que se utilizan, envían señales equivocadas sobre quién posee autoridad, qué grado de normalidad existe, cuál es la dimensión criminal del sometimiento y cómo deben reaccionar gobiernos, empresas, medios y organismos internacionales.

El pueblo produjo el Gobierno. La organización criminal no recibió autoridad del soberano ni gobierna conforme al orden constitucional: retiene por la fuerza instrumentos del Estado y los utiliza para impedir el cumplimiento completo del mandato. Nombrar correctamente a cada sujeto no es una cuestión de estilo. Es la primera condición para comprender qué existe, qué está obstruido y qué debe ponerse en ejercicio.

¿Cómo pueden ejercer desde ahora la autoridad que el pueblo ya les dio y utilizar ese ejercicio para recuperar los medios estatales ocupados por la organización narcoterrorista?

Estas páginas no les trasladan la pregunta para que ustedes la resuelvan desde cero. Organizan una respuesta que hasta ahora no estaba reunida como una capacidad gubernamental completa. La respuesta se organiza como un solo sistema de actuación. Es un instrumento porque organiza la actuación. Es un vehículo porque reúne y conduce las capacidades que Venezuela ya posee. Y es un arma institucional porque convierte cada actuación en fuerza dirigida hacia la recuperación del Estado.

El centro del documento es la manera de poner en ejercicio el gobierno que el pueblo ya produjo.

La discusión sobre otra elección muestra la urgencia de actuar, pero no define el objeto total de la propuesta. Cuando el Gobierno legítimo no ocupa el presente de manera visible, continua y organizada, otros administran el tiempo, escogen interlocutores y presentan una nueva votación como la fuente de una autoridad que el pueblo ya produjo. Esta propuesta viene a impedir esa consecuencia, pero no se agota en ella.

Después podrán examinarlo, corregirlo, rechazarlo o ponerlo en funcionamiento. Pero primero necesitan conocer exactamente qué tienen delante.

EL PUNTO DE PARTIDA: EL PUEBLO YA PRODUJO EL GOBIERNO.

La primaria del 22 de octubre de 2023 no produjo solamente una candidatura. Reconstruyó una conducción política alrededor de María Corina Machado. Cuando la organización narcoterrorista, que había capturado los medios del Estado, impidió que su nombre apareciera en la elección presidencial, aquella conducción no desapareció ni se entregó: organizó una salida. Presidente, usted aceptó una responsabilidad excepcional, y el pueblo volvió a actuar unido hasta conferirle el mandato presidencial el 28 de julio de 2024. Lo ocurrido antes, durante y después de esa elección no fue un proceso ordinario. Venezuela planificó, coordinó, protegió y verificó una operación soberana capaz de atravesar un sistema capturado e impedir que el resultado fuera borrado.

Se formaron testigos. Se establecieron comunicaciones e instrucciones. Se sostuvo la presencia en los centros. Las actas se protegieron. Salieron del territorio controlado. Se digitalizaron. Se clasificaron. Se publicaron. Y se verificaron. Miles de personas realizaron tareas distintas dentro de un mismo propósito.

Las actas son la prueba visible de la victoria. Pero no son toda la victoria.

Detrás de cada acta existe una cadena humana, política, técnica y moral. Esa cadena convirtió a una población perseguida y dispersa en una nación capaz de actuar bajo una conducción común. El pueblo no descubrió solamente cuántos eran. Descubrió que podía organizarse como soberano: podía anticipar al adversario, proteger su decisión, sacar la prueba del territorio controlado, verificarla y obligar al mundo a verla.

Esa capacidad produjo una conducción política y un mandato presidencial. Produjo el Gobierno legítimo.

El mundo terminó viendo hasta dónde había llegado aquella fuerza nacida dentro de Venezuela. El Premio Nobel de la Paz de 2025 reconoció internacionalmente la movilización democrática encabezada por María Corina y su carácter colectivo. En la ceremonia oficial, el presidente Edmundo González Urrutia fue presentado como presidente electo de Venezuela.

Aquellos reconocimientos no crearon la decisión soberana ni produjeron el Gobierno legítimo. Reconocieron internacionalmente una realidad que el pueblo venezolano ya había construido.

Esa fuerza no pertenece como propiedad personal a ninguno de ustedes. Está en sus manos porque el pueblo les confió la conducción y el mandato, pero nació del trabajo, el riesgo, la disciplina y la decisión de miles de venezolanos dentro y fuera del país. Ustedes poseen la responsabilidad de decidir cómo ejercer lo recibido, cómo protegerlo y cómo conducirlo, pero el acto soberano que lo produjo pertenece al pueblo.

Una estrategia puede cambiar. La presión puede alterar sus caminos. Lo que ninguna estrategia puede hacer es volver inexistente el acto soberano que ya ocurrió.

Desde el 28 de julio, los ministerios, los tribunales, las cuentas, los registros, las instalaciones, las empresas públicas, los puertos, los cuerpos policiales y militares, las cadenas administrativas y los demás medios materiales del estado continúan bajo control armado. La organización narcoterrorista utiliza lo que pertenece a Venezuela para protegerse, enriquecerse, perseguir a los venezolanos, conservar poder y ampliar operaciones que perjudican también a otras naciones. Esa retención puede impedir una parte del cumplimiento material. No puede producir soberanía. Tampoco puede transformar la fuerza en mandato.

El vencido no tiene que coronar al vencedor para que la decisión del soberano exista.

El paso siguiente no consiste en pedir autorización para volver a intentarlo. Consiste en organizar la capacidad que el pueblo ya produjo, hacerla actuar y utilizar ese ejercicio para recuperar los medios retenidos.

¿QUÉ PONEMOS EN SUS MANOS?

Lo que ponemos en sus manos es un mismo gobierno actuando en tres dimensiones inseparables.

El instrumento le da orden gubernamental a la capacidad disponible. El vehículo la reúne, la conserva y la conduce hacia un propósito común. El arma utiliza esa actuación organizada para modificar conductas, costos, relaciones y posibilidades de cumplimiento. Son tres dimensiones del mismo gobierno cuando comienza a ejercer, no tres mecanismos colocados uno al lado del otro. Cada una será desarrollada en su lugar. Pero antes de separarlas para comprenderlas, necesitamos ver el organismo que forman juntas.

La munición ya existe. Está en todo lo que Venezuela posee y en todo lo que ustedes recibieron. El instrumento la organiza. El vehículo la conduce. El gobierno actuando la convierte en fuerza dirigida.

¿EN QUÉ CONSISTE CONCRETAMENTE?

El Gobierno legítimo en Ejercicio es la puesta en funcionamiento, desde ahora, del gobierno legítimo de Venezuela.

Lo hace mediante una estructura permanente, distribuida, segura y verificable de trabajo, decisión y relación institucional. No es un gobierno inventado en internet. No es una campaña para mantener presencia. No es un canal desde el cual aparentar autoridad. Tampoco es una organización que prepara planes para el día en que finalmente le permitan gobernar. Es el gobierno que ya existe, organizado para ejercer ahora todas las funciones disponibles y utilizar ese ejercicio para recuperar aquellas funciones cuyo cumplimiento todavía le es materialmente impedido.

Entra en ejercicio como un gobierno entero: organiza su estructura, constituye los equipos y activa, por medio de los órganos competentes, todas las autoridades necesarias para cumplir el mandato soberano. Eso incluye las designaciones que corresponden en los distintos ámbitos del estado y, entre ellas, la puesta en funcionamiento de una autoridad electoral legítima. En este punto basta dejarlo establecido: el gobierno no puede excluir de su ejercicio a la institución encargada de organizar la expresión electoral de la soberanía, mientras la organización narcoterrorista ocupa los medios electorales del estado y pretende utilizarlos para sustituir el mandato vigente.

Para actuar de manera continua necesita una autoridad responsable, una agenda gubernamental y equipos capaces de integrar conocimientos distintos alrededor de cada asunto. Necesita también expedientes que conserven los datos, las propuestas, las respuestas, las decisiones y el estado de cumplimiento, además de procedimientos de convocatoria, negociación, seguimiento, seguridad, control y rendición de cuentas. Cada actuación comenzará con una necesidad nacional, una decisión pendiente o un expediente. La instancia responsable reunirá la información disponible, determinará qué falta, convocará a quienes poseen conocimiento, competencia, recursos o responsabilidad, organizará las alternativas y formulará la posición venezolana. Después quedará claro qué autoridad decide y cuál es el paso siguiente. Lo que deba ser público se mostrará. Lo que exija reserva para proteger personas, fuentes, negociaciones u operaciones se trabajará bajo protocolos separados. La transparencia será la regla respecto de la autoridad, los criterios, los recursos, las decisiones y los resultados; la reserva será excepcional, justificada y controlable. Una infraestructura institucional conservará las versiones, los responsables, las respuestas, los plazos y el estado de cada actuación. Así, quien comparezca ante el gobierno sabrá dónde hacerlo, con qué autoridad se relaciona, qué se propone, qué se decidió y qué ocurrió después.

La transmisión audiovisual será una gran ventana pública, pero no será el gobierno ni convertirá en gobierno a quien aparezca en pantalla. El gobierno estará en la autoridad que convoca, el expediente que organiza, la propuesta que formula, la decisión que adopta y la continuidad que sostiene; la transmisión permitirá que Venezuela y el mundo lo vean actuar. Los actos, decisiones, convocatorias, acuerdos, instrucciones, respuestas y constancias formarán una Gaceta Oficial viva. Más adelante veremos cómo esa gaceta convierte al gobierno en fuente original y presencia institucional permanente.

La tecnología permitirá reunir capacidades venezolanas que hoy están separadas por fronteras, persecución, exilio y control territorial. A ellas podrán sumarse universidades, empresas, gobiernos, organismos y otras instituciones extranjeras dispuestas a aportar conocimiento, recursos o cooperación. Un ingeniero venezolano en Canadá, una médica venezolana en España, un experto petrolero en Houston, un jurista venezolano en La Haya, una comunidad organizada y un trabajador dentro de una instalación podrán participar en una misma actuación. También podrán hacerlo junto con una universidad argentina, una empresa extranjera o un organismo internacional, bajo autoridad, reglas, responsabilidades y objetivos claramente definidos. Esa capacidad no pertenece a un futuro imaginario. Empresas, bancos, universidades, tribunales, medios y gobiernos trabajan diariamente con equipos, archivos y decisiones distribuidos entre ciudades y países distintos. Quien participa no necesita comprender toda la infraestructura tecnológica que hace posible la relación: necesita encontrar una puerta, cumplir una función y obtener un resultado. el Gobierno legítimo en Ejercicio no propone inventar esa capacidad. Propone colocar herramientas ya disponibles bajo autoridad soberana, procedimientos, responsabilidades, seguridad y continuidad institucional.

La distancia física no vuelve virtual una decisión. Su carácter gubernamental nace de la autoridad que actúa, el asunto que procesa, la responsabilidad que asigna y la consecuencia que produce.

Venezuela ya demostró en 2024 que puede reunir conducción, ciudadanía, comunicaciones, tecnología, protección y tareas distribuidas dentro de un solo propósito. Esta propuesta convierte aquella capacidad excepcional en una función gubernamental continua. No crea un programa sobre el gobierno.

Crea el lugar institucional y el sistema de trabajo desde los cuales el gobierno convoca, formula, negocia, decide, documenta, rinde cuentas y convierte cada actuación posible en una capacidad que permanece y crece.

VEAMOS AL GOBIERNO ACTUANDO.

Supongamos que una necesidad eléctrica concreta fuera una de las primeras ventanas escogidas para ver al gobierno actuando. No entraría como tema para una entrevista, como promesa de un futuro plan ni como representación del gobierno entero. Entraría como un asunto real de gobierno mientras las áreas de salud, justicia, infraestructura, educación, finanzas, relaciones internacionales y las demás funciones trabajan simultáneamente sobre sus propias responsabilidades. El gobierno no necesita reunir físicamente en un mismo lugar a todas las personas que lo integran para existir como una unidad. Profesionales, autoridades, universidades, comunidades, empresas y equipos pueden trabajar desde ciudades y países distintos bajo una misma conducción, una misma decisión y un mismo propósito. Es semejante a una interpretación musical: voces e instrumentos grabados en lugares diferentes producen una sola obra cuando responden a una partitura y a una dirección comunes.

En el asunto eléctrico se reunirían los datos disponibles sobre generación, transmisión, fallas regionales, instalaciones, población afectada y riesgos. Se convocaría a ingenieros y trabajadores que conocen el sistema, dentro y fuera del territorio; a universidades; a comunidades capaces de validar información; a juristas; a especialistas financieros; y a proveedores y empresas con soluciones posibles. el Gobierno legítimo formularía la necesidad venezolana y los criterios que deben respetarse. Recibiría alternativas y contrapropuestas, compararía tecnologías, costos, tiempos, fuentes de financiamiento, garantías, condiciones de contratación y consecuencias ambientales y sociales, adoptaría una decisión, asignaría responsabilidades y fijaría el paso siguiente.

Una parte considerable de esa actuación puede cumplirse desde ahora. Los profesionales trabajan, las universidades investigan y las comunidades validan información. Las empresas presentan propuestas, los bancos examinan la estructura financiera y los juristas preparan contratos y garantías. Los organismos reciben expedientes, se adquieren los componentes que puedan ingresar al país, se forman equipos y se preserva la información necesaria para completar la ejecución.

El gobierno no enviará personas a provocar una fricción física ni avanzará hacia una instalación para fabricar la demostración de que alguien le impide entrar. La obstrucción ya existe. Los ministerios, las plantas, las cuentas, los registros, las empresas públicas, los cuerpos armados y las cadenas administrativas pertenecen al Estado venezolano. La organización narcoterrorista los mantiene bajo control y los utiliza para sostenerse, robar, perseguir y causar daño, no para atender las necesidades de la nación. Puede existir una decisión gubernamental completa, una solución técnicamente preparada, empresas dispuestas a participar, financiamiento organizado y equipos listos. Y, aun así, puede seguir impedido el cumplimiento material que exige utilizar una planta, disponer de una cuenta, movilizar una dependencia o recibir obediencia de cuerpos todavía sometidos por la fuerza. El gobierno no carece entonces de proyecto, autoridad ni trabajo realizado: la organización narcoterrorista le impide utilizar plenamente medios estatales que le corresponden. Esa realidad se hace visible sin buscar el choque. La decisión, el expediente, las condiciones, los responsables, las respuestas y todo lo realizado quedan a la vista. También queda identificado qué medio estatal permanece ocupado, qué parte del cumplimiento impide esa ocupación, a quién perjudica y qué actores externos la sostienen. La documentación no sustituye el resultado: acompaña el trabajo gubernamental, crea relaciones interesadas en completarlo y aumenta el costo de continuar impidiéndolo.

La planta puede continuar apagada durante una etapa, y ese hecho importa porque hay seres humanos que siguen sufriendo. Pero ya no existe solamente una población abandonada frente a la organización narcoterrorista que ocupa los medios estatales y los utiliza para sostenerse, no para resolver. Existe un gobierno que ha estudiado, convocado, formulado, decidido, organizado y ejecutado todo aquello que estaba a su alcance; existe una vía concreta para completar la solución; y existen actores nacionales e internacionales capaces de ver con precisión qué fuerza impide completar materialmente esa solución. Lo mismo ocurre con el agua, la salud, la reconstrucción de una comunidad, la justicia, la educación, la seguridad, el petróleo, los recursos naturales o cualquier necesidad nacional. Cada asunto combina áreas distintas y deja ver una parte de un gobierno completo que trabaja simultáneamente. La pantalla muestra una actuación; detrás de ella existe un organismo entero produciendo muchas otras. No se simula un gobierno ni se gobierna hasta tropezar con una puerta cerrada. Se gobierna dentro de una realidad ya obstruida y se aumenta continuamente la parte que puede cumplirse. Al mismo tiempo, se organizan las fuerzas necesarias para recuperar los medios estatales ocupados y se hace imposible confundir a quien trabaja por Venezuela con la organización narcoterrorista que utiliza esos medios para impedirla y dañarla.

¿POR QUÉ ES UN INSTRUMENTO?

Es un instrumento porque permite actuar sobre la realidad. Hasta ahora muchas capacidades venezolanas aparecen como esfuerzos separados. Un profesional produce un análisis. Una comunidad denuncia una necesidad. Una universidad investiga. Una empresa explora una oportunidad. Un gobierno formula una declaración. Un abogado prepara un expediente. Una víctima conserva una prueba. Un grupo técnico desarrolla una solución. Cada actividad puede ser valiosa y, sin embargo, perderse al no formar parte de una decisión gubernamental que la reciba, la relacione, le dé continuidad y la convierta en el punto de partida de otra actuación.

El instrumento crea ese lugar de recepción y conducción. Cada aporte deja de depender de la casualidad o de una relación personal: entra bajo una autoridad, un objeto, una responsabilidad y una secuencia. El conocimiento se transforma en propuesta; la propuesta en negociación; la negociación en decisión; la decisión en ejecución posible; y la ejecución o el impedimento en una nueva condición desde la cual el gobierno continúa actuando. Por eso, el instrumento no entrega al gobierno algo ajeno a él; le permite utilizar de manera organizada las facultades que nacen del mandato y las capacidades que existen en la nación.

¿POR QUÉ ES UN VEHÍCULO?

Es un vehículo porque pone en movimiento y conduce una fuerza que hoy no actúa como un todo.

La operación soberana de 2024 ya mostró la existencia de esa fuerza. Al comienzo de este documento vimos su secuencia completa: una conducción común, miles de tareas distribuidas, comunicaciones, tecnología, protección y verificación organizadas dentro de un mismo propósito. Aquí no necesitamos contar nuevamente cada paso. Necesitamos reconocer lo que aquella operación demostró.

Venezuela puede convertir capacidades dispersas en una actuación nacional cuando existen una autoridad reconocible, un propósito claro y un punto donde cada capacidad puede conectarse.

El vehículo transforma esa experiencia excepcional en una función permanente. Evita que las capacidades aparezcan sólo durante una emergencia y vuelvan a dispersarse después. Las convoca, les asigna una función, conserva lo que producen y utiliza cada resultado como punto de partida de la actuación siguiente.

Después de la elección aparecieron, además, capacidades que ningún organigrama había previsto. Giuseppe Gangi, ingeniero venezolano radicado en España, desarrolló de manera independiente la plataforma Macedonia del Norte y relacionó actas, datos y registros audiovisuales para añadir otra capa de verificación pública. La lección no consiste en repetir el sistema de las actas ni en convertir a una persona en modelo de todo el sistema. Consiste en reconocer que el conocimiento venezolano aparece y produce cuando encuentra una necesidad concreta, una autoridad y una vía de incorporación. Esta propuesta nace de la misma realidad. Un abogado venezolano en Buenos Aires, sin convocatoria formal, utilizó su experiencia, las herramientas contemporáneas y meses de trabajo para organizar una respuesta y colocarla al servicio de quienes recibieron el mandato. Capacidades semejantes existen por millones dentro y fuera del país. El vehículo no amontona esas capacidades. Las conduce bajo una misma autoridad y convierte la dispersión causada por el exilio y la persecución en presencia distribuida de una nación que trabaja.

El instrumento recibe y organiza. El vehículo conserva, conecta y conduce. Gracias a él, cada capacidad deja de ser un esfuerzo aislado y comienza a formar parte del gobierno.

¿POR QUÉ ES UN ARMA?

Es un arma porque utiliza la actuación organizada del gobierno para atacar las condiciones que permiten a la organización narcoterrorista continuar ocupando los medios del Estado.

La organización narcoterrorista no conserva poder únicamente porque tenga armas. Lo conserva porque controla medios estatales, aparece ante terceros como la única contraparte capaz de autorizar y ejecutar, recibe ingresos, distribuye beneficios, intimida, fragmenta y consigue que la relación con ella parezca una necesidad práctica. Un arma institucional debe actuar sobre esas fuentes de poder.

¿CÓMO SE CARGA?

Se carga, primero, con la autoridad y la prueba: el mandato, la primaria, las actas, la legitimidad y el reconocimiento internacional. Se carga también con la capacidad nacional: el conocimiento, las personas, las comunidades, las universidades, la tecnología y las relaciones que Venezuela ya posee. Incorpora las leyes, los expedientes, las víctimas, los daños y toda obstrucción que pueda ser documentada, y utiliza los intereses económicos, institucionales y de seguridad que pueden mover a quienes hoy observan, negocian o sostienen la situación. Nada de eso se convierte en fuerza por el solo hecho de existir. Una acumulación de legitimidad, recursos, información y relaciones puede permanecer inmóvil si no se organiza como ejercicio gubernamental continuo. La experiencia de Guaidó, que examinaremos más adelante, demuestra precisamente esa diferencia.

La munición existe. El arma comienza cuando esa munición recibe orden, dirección y un objetivo.

¿A QUÉ APUNTA?

Apunta a la apariencia de que el control físico ejercido por la organización narcoterrorista la convierte en la única contraparte capaz de autorizar, contratar y ejecutar. Apunta al monopolio de la interlocución que les permite presentarse como la única puerta disponible. Apunta a la normalización económica y política que convierte una relación con la organización narcoterrorista en una operación aparentemente ordinaria. Y apunta a la posibilidad de bloquear decisiones sin que el responsable, el daño y el costo queden unidos ante cada actor capaz de reaccionar. El objetivo no es producir una denuncia más fuerte. Es sustituir la situación que hace parecer inevitable tratar como autoridad a quienes carecen de mandato.

¿CÓMO ACTÚA?

El gobierno abre un asunto real, reúne información, formula la posición venezolana, convoca, recibe respuestas, decide y documenta. Ese mismo acto llega de manera distinta a cada interlocutor porque cada uno posee una función, una responsabilidad y un interés diferentes. Al ciudadano le llega como una autoridad que trabaja sobre una necesidad y le muestra dónde puede incorporarse. A los profesionales y las comunidades les llega como una función concreta dentro de una actuación gubernamental. A las empresas, los bancos y las aseguradoras les llega como una alternativa legítima que obliga a comparar contratos, continuidad, riesgos y responsabilidades. A los gobiernos, organismos y tribunales les llega como una propuesta o un expediente que exige respuesta. A los medios les llega como hechos, documentos y decisiones cuya fuente original es el Gobierno legítimo. El gobierno no repite el mismo mensaje para todos. Hace circular la misma realidad por los conductos capaces de convertirla en trabajo, relación, presión, rectificación o cumplimiento. Las secciones siguientes mostrarán con amplitud cómo opera esa lógica ante Estados Unidos, las empresas y la amenaza de otra elección.

¿QUÉ RESULTADO PRODUCE?

La organización narcoterrorista comienza a perder la posibilidad de presentarse como la única vía práctica. Cada profesional incorporado transforma capacidad dispersa en Gobierno. Cada empresa que comparece reconoce una contraparte. Cada Gobierno que recibe una propuesta debe decidir si responde o se aparta. Cada medio estatal ocupado queda unido a la actuación que esa ocupación impide y a las personas a las que perjudica. Cada relación legítima crea, además, un actor interesado en completar el cumplimiento.

La autoridad electoral permite ver esa función con especial claridad. Desde que el Gobierno constituye el Consejo Nacional Electoral legítimo, abre el registro mundial e incorpora al pueblo, cada actor debe definir ante cuál autoridad comparece. Cada adhesión fortalece al Gobierno y cada intento de impedir el proceso identifica a la organización narcoterrorista actuando contra el ejercicio pacífico de la soberanía. Al mismo tiempo, el Gobierno acumula conocimiento, expedientes, proyectos, relaciones, reconocimiento práctico, ejecución y obediencia. La frontera entre lo que puede cumplir y lo que todavía le impiden cumplir comienza a desplazarse.

El arma no sustituye la capacidad material necesaria para retirar de las instalaciones, los cuerpos armados y los recursos estatales a la organización narcoterrorista. Construye las condiciones políticas, económicas, jurídicas e institucionales para que quienes poseen esa capacidad tengan que utilizarla en favor de la restitución. También crea condiciones para que las fuerzas internas puedan acompañar ese desplazamiento sin actuar como esfuerzos aislados. Estados Unidos demostró el 3 de enero de 2026 que la continuidad del aparato no dependía de una imposibilidad física absoluta. La cuestión, por tanto, no consiste en descubrir quién posee fuerza material. Consiste en modificar la cuenta que hoy hace conveniente preservar a quienes quedaron y en colocar delante una alternativa venezolana capaz de producir consecuencias.

Este proyecto no se limita a describir el arma que les falta. Organiza la capacidad que ya poseen para convertirla en el arma institucional que se pone en sus manos.

EL MANDATO EXISTE; LO RETENIDO ES SU EJECUCIÓN COMPLETA.

El Gobierno legítimo no espera nacer. Ya existe. Lo que permanece incompleto es el uso de todos los medios materiales necesarios para ejecutar plenamente sus decisiones.

La conducción política y el mandato presidencial no nacen cuando la organización narcoterrorista derrotada permite entrar en un edificio, entrega una banda o acepta el resultado. Su negativa puede impedir la posesión y el uso pleno de determinados medios, pero no puede convertirse en la fuente que concede o niega legitimidad al gobierno que el soberano ya constituyó. El mandato tampoco es un bien privado que sus titulares puedan devolver al derrotado para que decida si lo reconoce. Ustedes recibieron la conducción y la presidencia y poseen la responsabilidad de decidir cómo ejercerlas, protegerlas y conducirlas, pero el acto soberano que las produjo pertenece al pueblo. Una estrategia puede cambiar por presión, agotamiento o negociación, pero no puede convertir en inexistente la decisión soberana ni conferir a la organización narcoterrorista el poder de anularla. Para actuar con precisión hay que distinguir tres niveles.

Primer nivel: el acto de Gobierno.

Decidir, formular una política, convocar, organizar equipos, aprobar una propuesta, abrir una negociación, impartir una instrucción, preservar pruebas y rendir cuentas son actos de gobierno.

Segundo nivel: la ejecución posible bajo obstrucción.

Una universidad investiga, una empresa responde, un profesional trabaja, una comunidad valida información, un banco examina una operación, un organismo recibe un expediente y un ciudadano aporta datos. Esas actuaciones producen cumplimiento real aun cuando parte de la estructura material permanezca retenida.

Tercer nivel: la ejecución material todavía impedida.

Entrar a una instalación, disponer de una cuenta retenida, movilizar una dependencia sometida o exigir obediencia inmediata a cuerpos controlados por la fuerza requiere recuperar medios que todavía no están disponibles.

El gobierno avanza por los dos primeros niveles y utiliza ese avance para alcanzar el tercero.

El gobierno no acepta la obstrucción como convivencia permanente: la identifica, delimita lo que impide, reúne las fuerzas necesarias y trabaja para desplazarla.

LA ORGANIZACIÓN NARCOTERRORISTA OCUPA LOS MEDIOS DEL ESTADO; NO GOBIERNA.

El lenguaje utilizado para nombrar a la organización narcoterrorista determina lo que cada actor cree estar haciendo. Si se la presenta como un Gobierno de facto, una administración irregular o una autoridad con la que resulta inevitable negociar, se abre una comparación falsa. De un lado aparecería una legitimidad sin control material. Del otro, una administración cuestionable, pero capaz de conceder permisos, abrir puertos, vender petróleo y ofrecer estabilidad. Ese marco no describe a Venezuela.

Los medios del Estado están bajo el control de una organización transnacional acusada durante años de narcoterrorismo, tráfico de drogas, corrupción, lavado, violencia y cooperación con organizaciones armadas y terroristas. Venezuela es su primera víctima y su principal plataforma, pero el daño se proyecta mediante drogas, redes criminales, dinero ilícito, corrupción institucional, violencia y alianzas internacionales. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios de participar en una conspiración narcoterrorista con las FARC y afirmó que buscaban inundar de cocaína a Estados Unidos, utilizando la droga como arma contra la salud y el bienestar de su población. En 2025, Hugo Carvajal se declaró culpable en Estados Unidos de cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas. El Departamento de estado designó al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera y mantuvo recompensas contra sus dirigentes. Otras actuaciones oficiales relacionaron a operadores venezolanos con las FARC y con organizaciones como Hizbulá y Hamás. El Tren de Aragua fue designado organización terrorista extranjera dentro de una expansión criminal que excede la delincuencia local. Paralelamente, las misiones internacionales de derechos humanos han documentado persecución, tortura, desapariciones, asesinatos y estructuras represivas contra los venezolanos.

No es una etiqueta retórica. La categoría completa determina la obligación del gobierno legítimo y la responsabilidad de las empresas. También determina el interés del pueblo estadounidense, el riesgo para otras naciones y el significado de negociar con quienes utilizan la apariencia estatal para obtener relaciones que una organización criminal ordinaria no podría conseguir. La fuerza puede retener los medios, pero no puede borrar la naturaleza de la organización que los utiliza.

ESTADOS UNIDOS: LA FUERZA QUE ACTUÓ Y LA DECISIÓN QUE DEBE CAMBIAR.

Estados Unidos no entra en esta propuesta como una potencia situada por encima de la soberanía venezolana ni como un enemigo al que Venezuela pueda derrotar mediante una confrontación retórica. Entra porque sus instituciones describieron la amenaza, su gobierno la presentó ante su población, su capacidad militar alteró la situación y su administración tomó después decisiones que impidieron que el mandato venezolano produjera sus consecuencias. Durante años, las instituciones estadounidenses formularon acusaciones, impusieron sanciones, ofrecieron recompensas y explicaron que desde Venezuela se dirigía una actividad narcoterrorista contra su territorio y su población. El mensaje no pedía a Estados Unidos un sacrificio generoso para ayudar a los venezolanos. Le decía que debía defenderse. La cocaína fue presentada como arma; la estructura, como amenaza para la salud y la seguridad nacional; y Venezuela, como plataforma desde la cual se atacaba a la población estadounidense.

El presidente Trump anunció y difundió ataques contra embarcaciones que su gobierno identificaba como narcotraficantes y afirmó que cada embarcación destruida equivalía a salvar 25.000 vidas estadounidenses. Entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, un informe oficial registró al menos 45 embarcaciones atacadas y 156 personas muertas o presumiblemente muertas. El 3 de enero de 2026, el gobierno estadounidense anunció la captura de Nicolás Maduro después de una operación militar conjunta de extracción en Caracas. Esa operación demostró que la continuidad del aparato no dependía de una imposibilidad física absoluta.

Sin embargo, retirar a Maduro no devolvió a Venezuela los ministerios, los tribunales, los cuerpos policiales y militares, los registros, los recursos y los demás medios que pertenecen al estado, ni puso en ejercicio al gobierno que el pueblo había constituido. La administración estadounidense preservó la estructura encabezada por Delcy Rodríguez y comenzó a reconocerla como jefa de estado. Flexibilizó restricciones, promovió relaciones petroleras y mineras, abrió espacios para compañías estadounidenses y la convirtió en la contraparte mediante la cual decidió administrar el presente venezolano. Esa normalización ha avanzado más allá de la relación diplomática y económica. La administración estadounidense ha solicitado ante sus propios tribunales que se reconozca a Delcy Rodríguez la inmunidad propia de una jefa de estado frente a una demanda relacionada con la detención, el encarcelamiento y la tortura de ciudadanos estadounidenses. Informaciones sustentadas en declaraciones de funcionarios y en registros de la agencia antidrogas estadounidense señalaron que fiscales federales recibieron instrucciones de no continuar esfuerzos investigativos contra Delcy Rodríguez. La decisión alcanzó a una persona que había aparecido durante años en distintos expedientes, aunque nunca hubiese sido formalmente acusada. La protección solicitada no borra los expedientes ni convierte a Delcy Rodríguez en autoridad legítima; demuestra, sin embargo, que la administración estadounidense está dispuesta a utilizar su propio poder jurídico para protegerla mientras la mantiene como contraparte del presente venezolano.

Que esa función sea presentada como transitoria no disminuye lo que ya produce: reconocimiento, protección jurídica, reducción de la presión investigativa, relaciones económicas y tiempo político. Mientras la cooperación resulte útil, la organización recibe protección; el destino de Maduro muestra el costo que puede esperar a quien deje de serlo. Esa relación modifica conductas en el presente, no en un futuro hipotético.

El espacio todavía no está perdido. Precisamente por eso el Gobierno legítimo debe aparecer ahora como la alternativa soberana, profesional y ejecutable, antes de que Estados Unidos fabrique en su lugar una junta técnica, una transición administrada o una nueva elección. La mesa impulsada para reconstruir instituciones y reorganizar el sistema electoral ha colocado a Dinorah Figuera frente a Jorge Rodríguez como si reuniera a una autoridad existente con una representación política venezolana. Pero el pueblo ya superó esa categoría: María Corina recibió la conducción política y Edmundo González Urrutia recibió el mandato presidencial. Ninguna representación residual, ningún partido, ninguna mesa creada desde el exterior y ningún reconocimiento extranjero pueden sustituir esa decisión soberana.

Al colocar a Dinorah Figuera frente a Jorge Rodríguez no se está reuniendo al gobierno legítimo con la organización narcoterrorista obligada a abandonar los medios estatales que ocupa. Se está construyendo una contraparte paralela con la cual representar una negociación venezolana al margen de quienes recibieron la conducción y el mandato. Ustedes conocen a sus integrantes, sus antecedentes, sus relaciones y el significado político de haberlos escogido. La cuestión decisiva no es personal: ninguno recibió del soberano autoridad para representar al gobierno ya constituido, negociar la extinción de su mandato ni devolver a Venezuela al punto anterior.

La forma actual posee actores y respaldo internacional distintos de operaciones anteriores, pero produce el mismo resultado funcional: construye una contraparte aceptable para quienes conservan los medios del Estado y excluye a quienes recibieron la conducción y el mandato. De un lado se reconoce, protege y normaliza a integrantes de la organización narcoterrorista como autoridades del presente. Del otro se eleva una representación sin mandato. Después se coloca una nueva elección al final y se afirma que de ella deberá nacer el Gobierno legítimo que el pueblo venezolano ya constituyó.

El tiempo concedido a esa operación no está vacío. Cada mes permite celebrar acuerdos, abrir negocios, crear obediencias y acostumbrar al mundo a tratar como autoridad a quien conserva por la fuerza los medios materiales. Simultáneamente, la elección de 2024 es desplazada hacia el pasado, Edmundo corre el riesgo de quedar presentado como quien ganó una elección anterior y María Corina puede ser devuelta a la condición de futura candidata. La transición deja entonces de conducir hacia el Gobierno legítimo y comienza a pasar por encima de él.

El engaño no estuvo en afirmar que la amenaza narcoterrorista existía. Esa era la verdad utilizada para reunir apoyo y justificar el empleo de la fuerza. El engaño aparece cuando la operación presentada como defensa del pueblo estadounidense termina protegiendo, financiando y normalizando a integrantes centrales del aparato que daba capacidad a la amenaza, mientras excluye al gobierno legítimo cuya entrada en ejercicio permitiría desmontarlo. Esa conducta perjudica a Venezuela, pero también perjudica a Estados Unidos y al mundo. Alimentar la organización narcoterrorista a cambio de cooperación económica circunstancial no neutraliza su naturaleza. Le entrega recursos, protección, tiempo, relaciones y una apariencia de autoridad. También permite que la administración estadounidense presente como transición democrática una operación que preserva en el presente a la organización narcoterrorista dentro de los medios del Estado y envía hacia un futuro indeterminado la soberanía que Venezuela ya ejerció.

EL 3 DE JULIO NO PRODUJO UN VACÍO.

La operación no termina en la mesa promovida desde el exterior. También intenta adquirir una forma jurídica venezolana capaz de presentar la sustitución como si fuera una consecuencia de la constitución. En julio de 2026, la exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León sostuvo que el supuesto interinato de Delcy Rodríguez había terminado el 3 de julio, que Venezuela ya no tenía presidente ni gobierno y que la ciudadanía debía constituir una junta encargada de conducir al país hacia nuevas elecciones. La tesis parte de una fecha, pero esa fecha sólo aparece después de aceptar, una detrás de otra, varias premisas que niegan la decisión soberana del 28 de julio de 2024.

El presidente elegido por el pueblo venezolano es Edmundo González Urrutia.

El artículo 231 de la constitución dispone que el candidato elegido toma posesión el 10 de enero del primer año de su período constitucional. Desde el 10 de enero de 2025, la cuestión venezolana no consiste en determinar quién fue elegido para iniciar el período. Consiste en completar el ejercicio del mandato de Edmundo González Urrutia frente a la organización narcoterrorista que ocupa los medios materiales del estado. La fuerza impidió que el presidente elegido utilizara plenamente esos medios, pero no convirtió a Nicolás Maduro en vencedor ni a Delcy Rodríguez en vicepresidenta del presidente que el pueblo eligió.

La construcción del 3 de enero debe examinarse desde su primera pieza.

Ese día, la Sala Constitucional trató a Nicolás Maduro como presidente constitucional y ordenó que Delcy Rodríguez, presentada como vicepresidenta ejecutiva, asumiera en condición de encargada por una supuesta imposibilidad material y temporal. Para llegar allí tuvo que considerar vigente la autoridad de quien había sido derrotado y a Delcy Rodríguez como la vicepresidenta constitucional capaz de suplirlo.

Incluso dentro de ese supuesto negado aparece otra ruptura. La Constitución atribuye al presidente la facultad de nombrar y remover al vicepresidente ejecutivo. Delcy Rodríguez había sido nombrada mediante el Decreto N.º 3.482, del 21 de junio de 2018. En la revisión documental realizada para esta presentación no apareció una nueva designación para el período que comenzó el 10 de enero de 2025. Documentos oficiales publicados durante 2025 continuaron identificándola mediante el mismo decreto de 2018. La doctrina constitucional venezolana ha sostenido que, al concluir el período presidencial, concluyen también los cargos del Gobierno que dependen de aquel mandato, incluido el nombramiento del vicepresidente ejecutivo.

Así, aun bajo el supuesto negado de que Maduro tuviera derecho a iniciar otro período, Delcy Rodríguez no podía incorporarse a él mediante un nombramiento nacido del período anterior.

Pero aceptemos todavía, sólo para desmontar la construcción desde adentro, que Maduro era presidente y que Delcy había sido válidamente designada para ese nuevo período. El artículo 234 dispone que las faltas temporales del presidente serán suplidas por el vicepresidente hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la asamblea nacional hasta por noventa días más. Si la falta supera los primeros noventa días, corresponde a la asamblea decidir si debe considerarse absoluta. El artículo 239.8 atribuye al vicepresidente la función de «suplir las faltas temporales del presidente». Las dos normas regulan la falta temporal de un presidente legítimo y la suplencia por el vicepresidente vinculado a ese presidente.

Ninguna de esas condiciones existía. El presidente elegido es Edmundo González Urrutia. Maduro había sido derrotado. Delcy Rodríguez no era la vicepresidenta de Edmundo. Y la fuerza que impedía ejercer al vencedor no podía producir legitimidad para el vencido ni para quienes actuaban bajo su autoridad.

La propia sentencia del 3 de enero habló de una imposibilidad material y temporal y aclaró que no estaba decidiendo de manera definitiva si la falta era temporal o absoluta. Aun dentro de la ficción creada por aquella sentencia, la prórroga de los primeros noventa días no nacía automáticamente. El texto constitucional exige una decisión de la asamblea nacional. Por eso, el 3 de julio no surge limpiamente de la constitución: se fabrica después de acumular supuestos incompatibles. Primero hay que tratar a Maduro como presidente. Después hay que tratar a Delcy como su vicepresidenta. Luego hay que prolongar hacia otro período el nombramiento de 2018. Hay que convertir en sucesión constitucional la decisión del mismo aparato narcoterrorista que intentó impedir que la elección produjera gobierno. Hay que hacer funcionar como automática una prórroga que la constitución entrega a una decisión parlamentaria. Y, al final, hay que borrar por completo a Edmundo González Urrutia.

Por donde se entre, la construcción necesita negar el mismo hecho: el presidente elegido por el soberano es Edmundo González Urrutia.

La contradicción adquiere una gravedad mayor por la persona que la formula. Blanca Rosa Mármol de León no sólo conoce la estructura constitucional. Ella misma sostuvo públicamente en 2013 que el vicepresidente designado para un período cesaba cuando ese período concluía y que sus actos posteriores podían ser nulos. Después de la elección de 2024 defendió la victoria de Edmundo González Urrutia y afirmó que el verdadero presidente de Venezuela era él. Ahora utiliza la continuidad que antes negó, reconoce como interinato constitucional la posición de Delcy Rodríguez y emplea el supuesto vencimiento de ese interinato para declarar que no existe presidente. No se limita a proponer una estrategia distinta. Para producir la junta tiene que declarar inexistente al gobierno que antes reconoció. La secuencia, su conocimiento jurídico y su conducta anterior impiden tratar lo ocurrido como un error aislado. Obligan a examinar si está siendo utilizada o si participa conscientemente en la operación.

Pero el Gobierno legítimo no puede esperar a resolver esa motivación. El daño ya está producido.

Una voz investida de autoridad jurídica ha colocado en circulación tres afirmaciones: que Delcy tuvo un interinato constitucional, que ese interinato terminó y que Venezuela quedó sin presidente ni gobierno. Esas afirmaciones suministran una apariencia jurídica venezolana a la misma operación que Estados Unidos ejecuta materialmente.

Aquí la actuación de la exmagistrada se encuentra con la contradicción de Donald Trump.

El punto de partida de Trump no fue un vacío de poder. Fue la elección del 28 de julio, el mandato conferido a Edmundo González Urrutia y la naturaleza de la organización narcoterrorista que intentó impedir que esa decisión se convirtiera en gobierno. Con esos hechos explicó al pueblo estadounidense por qué Venezuela representaba una amenaza para su seguridad y por qué debía actuar. Después utilizó la fuerza para retirar a Maduro, pero no completó la restitución: preservó la estructura, colocó a Delcy Rodríguez como contraparte del presente, la reconoció, la protegió y abrió con ella relaciones económicas mientras enviaba la legitimidad venezolana hacia una elección futura. La tesis de Blanca Rosa Mármol de León llega después y le entrega una forma jurídica interna a esa contradicción. Trump trata materialmente a Delcy como jefa de estado. La exmagistrada reconoce retrospectivamente que Delcy tuvo una encargaduría constitucional. Trump reserva para el futuro la decisión sobre cuándo Venezuela volverá a elegir. La exmagistrada propone una junta cuyo destino también es organizar otra elección.

Uno coloca a Delcy Rodríguez en el presente. La otra le construye un pasado constitucional y declara después que el gobierno debe nacer nuevamente. Ambos desplazan del presente al presidente elegido.

La mesa, la supuesta encargaduría, la junta y la nueva elección no son respuestas independientes. Son piezas que se sostienen unas a otras y conducen hacia el mismo resultado: tratar la decisión soberana de 2024 como un antecedente sin gobierno y producir otra fuente de autoridad administrada desde los medios estatales ocupados por la organización narcoterrorista. Eso explica la urgencia del instrumento que ponemos en sus manos. el Gobierno legítimo en Ejercicio no debe limitarse a rechazar una junta, una mesa o una nueva elección. Debe destruir la premisa de la cual todas necesitan nacer.

No existe un vacío. Existe un gobierno legítimo cuyo ejercicio material ha sido obstruido y cuya capacidad disponible todavía debe ser organizada, conducida y convertida en fuerza.

Cuando ese gobierno convoca, estudia, formula, decide, negocia, documenta, asigna responsabilidades y produce resultados, la afirmación «no hay gobierno» deja de poder organizar la realidad. La junta pierde el vacío que pretende llenar. La mesa pierde la libertad de escoger quién representa a Venezuela. Delcy Rodríguez deja de aparecer como la única autoridad capaz de administrar el presente. Y otra elección deja de presentarse como el nacimiento de un gobierno que el pueblo ya produjo. Ustedes son quienes pueden accionar esa respuesta. No porque este documento les entregue autoridad: la autoridad ya se la entregó el soberano. Este documento les entrega el instrumento para organizarla, el vehículo para conducirla y el arma institucional para convertir cada actuación en recuperación de poder.

El arma tiene que estar cargada antes de llegar a sus manos. Y las instrucciones tienen que permitirles ver, antes de accionarla, qué desmonta cada acto, qué fuerza reúne y qué resultado produce.

EL MANDATO VIGENTE Y LA PALABRA «OPORTUNO».

El comunicado que ustedes difundieron el 26 de julio demuestra que esta salida permanece abierta. Comienza con una afirmación decisiva: ustedes hablan como expresión de la soberanía manifestada en la primaria del 22 de octubre de 2023 y en la elección presidencial del 28 de julio de 2024, y afirman: «Ese mandato está vigente».

Si el mandato está vigente, no existe vacío. Tampoco hace falta producir nuevamente la autoridad que el pueblo ya produjo.

El mismo comunicado afirma que Venezuela necesita «un gobierno nuevo con autoridad moral y capacidad gerencial». La palabra nuevo no tiene que significar un gobierno nacido de otra elección. Puede nombrar al gobierno que es nuevo frente a la organización narcoterrorista: legítimo en su origen, limpio en su actuación, profesional en su capacidad y sometido a la soberanía venezolana.

Ese gobierno puede ser el Gobierno legítimo presidido por Edmundo González Urrutia, con la conducción política que el pueblo confió a María Corina Machado, cuando el mandato vigente entre en ejercicio mediante esta propuesta.

El comunicado incluye también, entre los resultados que permitirían evaluar cualquier iniciativa, «un cronograma electoral presidencial oportuno». Leída con prisa, esa frase puede ser apropiada por la mesa para afirmar que otra elección debe preceder al gobierno y producir nuevamente la autoridad venezolana. Pero la palabra oportuno no dice eso. No dice que la elección deba realizarse antes de que Edmundo González Urrutia ejerza la presidencia. No dice que la mesa tenga autoridad para fijar la fecha. No dice que Estados Unidos pueda decidir cuándo Venezuela vuelve a ejercer su soberanía. Y no dice que la organización narcoterrorista pueda administrar el procedimiento destinado a sustituir el mandato.

La palabra «oportuno» deja abierta la secuencia. Y la secuencia lo cambia todo.

Existen dos caminos radicalmente distintos. Primer camino: mesa, sustitución, otra elección y, después, un Gobierno supuestamente nuevo. Segundo camino: mandato vigente, Gobierno Legítimo en Ejercicio, recuperación de las condiciones institucionales y, desde ese Gobierno, la decisión electoral que corresponda por las vías constitucionales. En el primero, la elección sustituye la decisión soberana de 2024. En el segundo, una elección futura sería un acto del Gobierno que aquella decisión produjo, no la fuente destinada a reemplazarlo.

Presidente, usted llegó a la candidatura como parte de una operación excepcional para atravesar la exclusión impuesta contra María Corina Machado. Ese origen no reduce su mandato. Explica, además, por qué ustedes pueden determinar más adelante, desde el Gobierno legítimo y mediante las vías constitucionales que correspondan, cuándo una elección presidencial resulta verdaderamente oportuna para Venezuela.

Lo oportuno no puede definirlo la mesa que los excluye. Tampoco la potencia que administra el presente mediante Delcy Rodríguez. Tiene que definirlo el Gobierno legítimo cuando esté ejerciendo.

Este documento no les dice cuándo debe celebrarse esa elección. Les entrega el instrumento que impide que otros conviertan la palabra «oportuno» en la fecha de nacimiento de una autoridad distinta. Reúne las dos afirmaciones de su propio comunicado: el mandato está vigente y Venezuela necesita un gobierno a la altura de lo que el pueblo demostró.

No falta otro mandato. Falta poner en ejercicio el gobierno que el mandato vigente ya produjo.

Para actuar sobre Estados Unidos hay que distinguir sus sujetos. La administración conoce los expedientes y adopta la política; las agencias e instituciones produjeron acusaciones, designaciones, sanciones, recompensas y evaluaciones. El Congreso puede investigar, preguntar y exigir coherencia. Los tribunales pueden recibir controversias y pruebas. Las empresas, los bancos y las aseguradoras poseen intereses distintos de los de una administración temporal. Y el pueblo estadounidense tiene derecho a conocer qué se hizo en su nombre. El arma no enfrenta a todos esos actores como una sola voluntad: hace llegar a cada uno la parte de la realidad que su función puede procesar y convierte sus diferencias en capacidad de acción.

LA CUENTA ECONÓMICA COMPLETA.

La administración estadounidense parece calcular que el arreglo actual le ofrece petróleo, minerales, contratos, una contraparte dispuesta a obedecer y una estabilidad inmediata. Esa es sólo la parte visible de la cuenta. Fuera de esa cuenta quedan costos que no desaparecen porque no se nombren. Quedan el fortalecimiento financiero de la organización narcoterrorista, la continuidad del tráfico de drogas, la expansión de redes criminales y la inestabilidad regional. Quedan también el costo policial y militar futuro, la contaminación jurídica de los negocios, el riesgo para bancos y aseguradoras, la pérdida de credibilidad institucional y la posibilidad de tener que intervenir nuevamente contra una estructura que hoy recibe recursos y normalidad.

El Gobierno legítimo no debe presentarse como la opción moralmente correcta, pero económicamente menos atractiva. Debe ofrecer la relación más conveniente y completa. Con el Gobierno legítimo, Estados Unidos y sus empresas pueden obtener energía, recursos, contratos, mercados, cooperación contra el narcotráfico, estabilidad constitucional, seguridad jurídica y una relación duradera con Venezuela. Pueden proteger inversiones mediante una autoridad capaz de dar origen legítimo a la contratación y de sostenerla frente a tribunales, cambios políticos y la sociedad propietaria de los recursos. Con la organización narcoterrorista pueden obtener una autorización inmediata, pero compran al mismo tiempo el riesgo de su origen, la dependencia de una protección política temporal, el daño futuro y la amenaza que después deberán volver a enfrentar. El gobierno en ejercicio convierte esa comparación en hechos. No afirma simplemente que es mejor: formula proyectos, ofrece condiciones, recibe propuestas y crea relaciones reales. Las empresas comienzan a tener un interés propio en que el Gobierno legítimo pueda ejecutar; los bancos y las aseguradoras encuentran una vía defendible; los accionistas pueden medir continuidad; el Congreso dispone de casos concretos; y la administración recibe presión desde su propio sistema. Así cambia la cuenta. Completar la restitución deja de aparecer como un sacrificio por Venezuela y se convierte en la decisión más segura y rentable para los intereses que Estados Unidos dice proteger.

LAS EMPRESAS: DE OBSERVADORAS A FUERZAS INTERESADAS.

Muchas empresas pueden alegar hoy que sólo existe una estructura que controla permisos, instalaciones, puertos y recursos. Si el Gobierno legítimo permanece reducido a reconocimiento diplomático y denuncia, la pregunta que reciben es: ¿con quién puede ejecutarse materialmente un proyecto ahora? El vehículo cambia la pregunta porque coloca al gobierno verdadero delante de ellas. La comparación no se da entre dos administraciones que ofrecen condiciones distintas. De un lado está el gobierno nacido de la soberanía; del otro, la organización narcoterrorista transnacional que utiliza organismos y recursos estatales capturados para traficar, perseguir, corromper, sostenerse y proyectar daño. Tratar esa relación como simple pragmatismo económico oculta la naturaleza del actor que recibe el dinero, el seguro, el transporte, la tecnología o la legitimidad empresarial. La empresa no decide solamente entre un contrato más seguro y otro más riesgoso. Decide si fortalece una estructura capaz de perjudicar a sus propios trabajadores, clientes y accionistas, y a las sociedades en las que opera, o si construye una relación legítima con el gobierno que puede dar continuidad jurídica y convertir la reconstrucción de Venezuela en un interés compartido.

Venezuela identifica la necesidad, formula el proyecto, fija condiciones soberanas, convoca, recibe contrapropuestas, negocia, decide y ofrece una relación jurídicamente defendible. La empresa deja de observar una disputa política desde lejos. Comparece ante una autoridad que actúa y puede construir contratos, garantías, cronogramas y relaciones destinadas a sobrevivir al tiempo. La vía legítima no se limita a advertir lo que no deben hacer. Les presenta aquello que sí pueden hacer: proyectos serios, condiciones claras, contraprestaciones legítimas, mecanismos de solución, garantías posibles y un lugar dentro de la reconstrucción venezolana. Desde ese momento, la empresa que pretende invertir y permanecer adquiere un interés propio en la restitución. Su financiamiento, su seguro, su reputación, la continuidad de su contrato y la defensa de su inversión comienzan a depender de que la puerta legítima sea la que se abra. En Estados Unidos, esas compañías pueden decirle a la administración: queremos operar y negociar condiciones convenientes, pero necesitamos hacerlo con quienes poseen el mandato y pueden dar estabilidad a la relación. Esa presión nace de la protección del negocio, no de la solidaridad. Quien persista en la vía contraria después de conocer a la autoridad legítima y recibir una alternativa concreta dejará de poder presentarse como actor económico neutral.

LA CÁMARA DEL SEMÁFORO.

El registro público cumple una función semejante a una cámara instalada en un semáforo. La cámara no crea la norma, no mueve el vehículo ni determina por sí sola la consecuencia. Permite establecer cuál era la señal, quién podía verla, qué decisión tomó y qué resultado produjo. El gobierno formula una propuesta, abre una vía legítima, notifica a empresas y gobiernos, recibe respuestas y registra qué conocía cada actor, qué alternativa tenía, qué beneficio buscaba y por qué decidió continuar relacionándose con quienes carecen de mandato para disponer de los bienes venezolanos. La responsabilidad no comienza únicamente el día de la notificación. Debe reconstruirse lo que el actor ya sabía: acusaciones, sanciones, designaciones, declaraciones públicas, beneficios obtenidos y decisiones anteriores. Pero la propuesta directa establece un antes y un después particularmente claro. Ese expediente sirve para negociar, prevenir, advertir, preservar pruebas y, cuando corresponda, reclamar responsabilidades civiles, administrativas, patrimoniales, reputacionales o penales. No es el arma completa; es una munición dentro del organismo que actúa. Su mayor fuerza inmediata consiste en destruir la comodidad de la ignorancia fingida y hacer que cada actor sepa que su elección formará parte de la memoria institucional de Venezuela.

DE LA CONQUISTA AL GOBIERNO: GUAIDÓ, PÁEZ Y CAPRILES.

La experiencia de Juan Guaidó no debe quedar como un fantasma frente a esta propuesta. Hubo legitimidad constitucional de origen, reconocimiento internacional, representación diplomática, activos, dinero, poder económico, apoyo popular y una expectativa enorme. Esas capacidades no se convirtieron en un gobierno que ejerciera de manera diaria, sectorial, distribuida y acumulativa, que formulara proyectos nacionales, convocara contrapropuestas, creara relaciones interesadas, produjera ejecución posible y utilizara cada resultado para recuperar los medios materiales retenidos. No hace falta convertir esta presentación en un juicio biográfico. El resultado estructural basta: la legitimidad, el reconocimiento y el dinero no gobiernan por sí solos. Pueden agotarse, ser administrados desde afuera, fragmentarse o quedar reducidos a representación si no existe un instrumento que los convierta continuamente en actuación y poder.

Esta vez el mandato es presidencial, directo y documentado. Pero la diferencia de origen no elimina el riesgo de repetir una forma de actuación que espere el desenlace material en lugar de producir diariamente las condiciones que lo acercan. La novedad decisiva está en el vehículo: el gobierno no se limita a representar la legitimidad; la ejerce, la hace trabajar y la convierte en relaciones, intereses, decisiones y capacidad acumulada.

Desde la independencia, Venezuela ha demostrado una capacidad extraordinaria para reunirse, luchar y producir victorias cuando el adversario y el propósito aparecen con claridad. La dificultad comienza después, cuando la conquista exige decidir, organizar, sostener instituciones, limitar el poder y gobernar conforme a aquello por lo que se luchó. Páez permite ver esa fractura sin desconocer su papel en la lucha independentista. La capacidad que lo hizo decisivo frente al adversario no bastó para impedir que, una vez abierta la etapa de gobierno, el país entrara en rupturas, guerras y formas de poder alejadas del propósito que había reunido a los patriotas. Vencer y gobernar exigen capacidades distintas; la segunda no nace automáticamente de la primera. El problema tampoco desaparece porque cambien las personas. Una conducción puede rechazar con razón los errores de la anterior y, sin embargo, conservar las categorías desde las cuales aquella actuó. Criticar a Guaidó no desmonta el fracaso si la legitimidad continúa tratándose como una espera y si el ejercicio depende de que otros entreguen los medios, autoricen el desenlace o decidan cuándo comienza el gobierno.

La experiencia de Henrique Capriles en 2013 dejó otra advertencia. Una conquista que millones creyeron haber entregado quedó, en el momento decisivo, suspendida de lo que una sola persona podía, quería o estaba en condiciones de soportar. No corresponde resolver aquí si hubo miedo, amenazas, cálculo, engaño o cualquier otra presión. El resultado institucional basta: la decisión de millones no puede quedar a merced de la vulnerabilidad individual de quien la representa.

La situación actual es más paradójica. María Corina y el presidente Edmundo González Urrutia no esperan que el soberano les entregue una autorización futura. Ya recibieron la conducción y el mandato. Sin embargo, la ocupación material de los medios estatales, las relaciones internacionales y la costumbre política pueden hacerles mirar su propia condición con la vieja fórmula de la oposición: tengo, pero todavía no tengo. El mandato no fue conferido únicamente para que ustedes mandaran. También recae sobre ustedes. Les concede autoridad y, al mismo tiempo, les impone la responsabilidad de proteger, organizar y ejercer lo que el pueblo produjo. El pueblo no se limitó a votar.

Venció la inhabilitación, organizó la elección, sostuvo los centros, protegió las actas, sacó la prueba del territorio controlado, la verificó y obligó al mundo a verla. Entregó cuanto podía exigírsele para producir el gobierno.

No puede pedírsele que vuelva a comenzar, que demuestre otra vez lo ya demostrado o que se exponga de nuevo para suplir decisiones que corresponden a quienes recibieron el mandato.

¿Qué más puede esperarse del soberano?

Esta presentación debe estudiarse desde esa realidad. El mapa es correcto, pero las rutas habituales —esperar la entrega material, administrar el reconocimiento, negociar la existencia del gobierno o regresar a otra elección— conducen a un destino distinto. El documento ofrece la lente y las instrucciones para reconocer la línea contenida en el propio mandato: ejercer para reunir poder, desplazar la obstrucción y recuperar los instrumentos retenidos. El ejercicio protege al soberano, protege al gobierno y protege a quienes lo encarnan. Distribuye decisiones, responsabilidades y representación; reduce la posibilidad de que una amenaza, una presión, un aislamiento o un error personal arrastren consigo la voluntad de millones; y evita que María Corina y el presidente tengan que resistir como individuos lo que debe sostener una institución.

También impide que la espera transforme la obstrucción en normalidad. Cuando la autoridad legítima no ocupa el presente y quien retiene los medios estatales sigue regulando la vida cotidiana, muchas personas comienzan a adaptarse a ese poder para sobrevivir. Buscan trabajo, comida, protección, un trámite o una salida. No abandonan necesariamente la decisión que tomaron; la realidad las empuja a resolver por separado lo que el gobierno todavía no organiza. Allí comienza a operar, en su forma más cruel, el viejo «si no puedes con el enemigo, únete a él»: no como adhesión sincera, sino como adaptación forzada a la estructura que continúa ocupando el espacio. Gobernar mal no consiste únicamente en adoptar decisiones equivocadas. La omisión también produce consecuencias, deja que otros ocupen el lugar y consume la capacidad recibida. En esta situación excepcional, la responsabilidad no se mide por la posesión inmediata de todos los medios del Estado, sino por el ejercicio de las funciones que ya están disponibles para recuperarlos.

LA CONFIANZA POPULAR TAMBIÉN PUEDE SER ATACADA.

La organización narcoterrorista no combate únicamente a sus adversarios mediante la cárcel, la persecución, la inhabilitación o el exilio. También trabaja sobre el tiempo, la frustración, la memoria y la explicación que el pueblo recibe de lo ocurrido. Venezuela vio a Leopoldo López convertirse en una figura de enorme coraje y esperanza. Su entrega y su encarcelamiento concentraron una expectativa que la movilización popular no logró convertir en la fuerza necesaria para producir el desenlace esperado. Con el tiempo, el héroe fue sustituido en parte del registro colectivo por indiferencia, rechazo o desprecio. Guaidó fue recibido después como una posibilidad extraordinaria. La ausencia del resultado esperado abrió espacio a errores, acusaciones, luchas internas, teorías y operaciones de sustitución. Una figura amada terminó cargando para muchos con la responsabilidad casi completa de un fracaso que involucró estructuras, decisiones y actores mucho más amplios.

María Corina ha llegado más profundamente al pueblo porque recibió una confianza construida después de esas decepciones. Para una parte enorme de Venezuela fue la última persona en la que se decidió confiar de manera plena. Esa fuerza la convierte en el adversario político más peligroso que ha enfrentado la organización narcoterrorista: no representa solamente una candidatura; concentra una obediencia política capaz de atravesar una inhabilitación, trasladarse a Edmundo y producir un mandato presidencial. La misma concentración de esperanza crea un riesgo si el mandato permanece sin ejercicio visible. La organización narcoterrorista puede impedir resultados, prolongar el tiempo, utilizar propaganda, alimentar divisiones y permitir que la frustración busque a quién responsabilizar. Lo que no pudo borrar mediante la represión puede intentar destruirlo haciendo que el pueblo descargue sobre sus propios representantes el daño que otros producen.

Una fuerza de esa magnitud no se conserva intacta por el solo hecho de haber existido. El daño puede alcanzar algo más profundo que la confianza depositada en un liderazgo: puede hacer que el venezolano dude de su propia capacidad para organizarse, asumir riesgos, vencer la obstrucción y hacer valer lo decidido. Después de cada derrota, esa confianza puede volver a despertar con una convocatoria, una promesa o una nueva conducción. Pero no es inagotable.

Si la operación de 2024 termina convertida en otra victoria sin consecuencias, puede llegar el momento en que ese impulso deje de nacer. Si no encuentra una estructura donde actuar, se derrama mientras el tiempo avanza: cada silencio prolongado, cada reconocimiento que normaliza a la organización narcoterrorista, cada negocio que la fortalece y cada invitación a empezar de nuevo agrandan la distancia entre la hazaña realizada y la experiencia cotidiana del pueblo. María Corina puede conservar un peso histórico enorme y, al mismo tiempo, ser empujada hacia la intemperie política si la fuerza que la llevó hasta allí no encuentra un organismo que la reúna, la proteja y la haga actuar.

El Gobierno legítimo en Ejercicio protege también esa construcción. Cada actuación demuestra que el mandato no está inmóvil. Cada capacidad incorporada confirma que la nación continúa organizada. Cada proyecto, relación y ejecución posible transforma la esperanza en experiencia de gobierno. La confianza deja de depender únicamente de la resistencia personal y comienza a descansar sobre una institución que trabaja y acumula poder.

OTRA ELECCIÓN PUEDE CONSUMAR EL DESPOJO.

Mientras el Gobierno legítimo no ocupe diariamente el lugar que le corresponde, otros pueden administrar el lenguaje, el tiempo y la memoria colectiva. La discusión sobre otra elección puede parecer una salida; también puede convertir la operación soberana de 2024 en el recuerdo de una victoria que nunca llegó a producir Gobierno.

Lo que debe conservarse no es solamente el resultado electoral. Es el descubrimiento de que Venezuela podía organizarse y actuar como soberano bajo una conducción común. Esa experiencia es la célula madre de la soberanía organizada: contiene la capacidad de reproducir en otras áreas la misma inteligencia colectiva, la misma disciplina y la misma posibilidad de atravesar sistemas capturados.

Por eso la organización narcoterrorista necesita algo más que ocupar edificios, cuentas y cuerpos armados. Necesita separar al pueblo de aquel descubrimiento, presentar la conquista como un episodio cerrado y hacer que una nueva elección parezca la única forma de volver a empezar.

Una nueva elección no es un mecanismo neutral cuando se utiliza para reemplazar una decisión soberana cuyo cumplimiento fue impedido por la fuerza.

La elección no es el enemigo.

Lo decisivo es qué la hace necesaria, quién ordena la secuencia y qué efecto produce sobre el mandato vigente. Una elección promovida después, desde el Gobierno legítimo en Ejercicio y por las vías constitucionales que correspondan, puede ser una decisión soberana de ese mismo gobierno.

Primero el gobierno que el pueblo ya produjo. Después, desde ese gobierno, cualquier decisión electoral que Venezuela considere oportuna.

Ésa es la diferencia que la mesa necesita borrar y que el instrumento debe mantener visible. La mesa, la tesis del supuesto vacío y la futura elección avanzan sobre dos premisas: que el Gobierno está ausente porque todavía no controla todos los medios materiales y que la decisión de 2024 fue una victoria política sin autoridad gubernamental presente. Si esas premisas se aceptan, el pueblo vuelve a ser elector de una autoridad todavía inexistente.

El Gobierno en ejercicio impide ese despojo porque ocupa el presente y reproduce en cada área la capacidad que Venezuela descubrió en 2024. No hay una candidatura que espera otra oportunidad. Hay una conducción política y un presidente con mandato vigente que organizan el Gobierno, constituyen sus autoridades y utilizan cada actuación para recuperar los medios retenidos.

LA RESPUESTA: EL GOBIERNO ORGANIZA TAMBIÉN EL PODER ELECTORAL.

María Corina.

Presidente. Lo anterior no puede quedar reducido a la advertencia de que otra elección consumaría el despojo. Ustedes necesitan convertir la secuencia correcta en actuación de Gobierno. el Gobierno legítimo entra en ejercicio como un Gobierno entero; por eso organiza su estructura, activa los órganos legítimos y pone en funcionamiento las autoridades necesarias para cumplir el mandato.

Presidente, usted habla y decide como presidente del Gobierno que el soberano constituyó. Desde esa autoridad, el Gobierno hace lo necesario para restituir el Poder Electoral y constituir una autoridad electoral legítima, autónoma y verificable. No se trata de que una persona convierta el Consejo Nacional Electoral en dependencia del Ejecutivo. Se trata de que el Gobierno legítimo active, por los órganos y procedimientos competentes, la institución que la organización narcoterrorista capturó y pretende utilizar para borrar el mandato.

El Gobierno constituye el Consejo Nacional Electoral legítimo, el CNE; abre y organiza el registro electoral de todos los venezolanos, dentro y fuera del territorio. Los millones de ciudadanos expulsados del país dejan de ser tratados como una población exterior y vuelven a aparecer como parte del soberano. La tecnología permite registrar, identificar, informar, auditar y organizar modalidades de participación seguras y verificables. Desde su constitución, cada acto del Consejo Nacional Electoral obliga a gobiernos, empresas, partidos, organismos y ciudadanos a decidir ante cuál autoridad comparecen.

Esta actuación abre dos momentos distintos, pero unidos por una misma continuidad. El primero responde a la maniobra que pretende utilizar otra elección para sustituir el mandato del 28 de julio. Si esa operación avanza, la autoridad electoral legítima organiza el proceso que la enfrenta desde la soberanía, con participación nacional y mundial, reglas verificables y una autoridad que no nace de los medios estatales ocupados. Pero la fuerza comienza antes del voto. La constitución del Consejo Nacional Electoral, la apertura del registro y la incorporación masiva del pueblo pueden modificar la relación de fuerzas antes de que resulte necesario llegar a esa elección concebida como respuesta estratégica. Cada venezolano que se registra reconoce el lugar donde su decisión continúa viva. Cada capacidad profesional incorporada aumenta la fuerza del gobierno. Cada empresa que comparece reconoce una contraparte legítima. Cada gobierno que responde deja de tratar a Venezuela como un territorio sin representación.

El segundo momento pertenece a la continuidad democrática. No enfrenta al presidente Edmundo González Urrutia con María Corina Machado ni reduce el mandato presidencial a un puente desechable. El presidente ejerce; el gobierno recupera la institucionalidad; y, llegado el momento que corresponda dentro de esa misma secuencia, el Poder Electoral organiza la elección presidencial en la que María Corina pueda presentarse sin proscripciones y, con el respaldo que el pueblo ya ha demostrado, asumir la presidencia.

María Corina, usted conoce personalmente la lógica de esta estrategia. Cuando intentaron cerrarle caminos, impedirle utilizar medios de transporte o castigar a quienes la ayudaban, usted no convirtió el obstáculo en el centro de su actuación. Continuó, y el pueblo encontró rutas, la trasladó, la protegió y llegó hasta donde usted conseguía llegar. La obstrucción no la hizo crecer por sí sola. Creció porque usted siguió actuando y obligó a que cada impedimento mostrara quién poseía la conducción y quién necesitaba impedirla. el Gobierno legítimo lleva ahora esa comprensión a escala institucional. Constituye autoridades, abre registros, convoca capacidades, formula proyectos, adopta decisiones, contrata, informa y ejecuta. Sólo cuando una actuación concreta no puede completarse aparece la obstrucción, identificada con precisión y sin convertir a la organización narcoterrorista en interlocutora gubernamental.

Así se protege también al pueblo. No se le conduce hacia una confrontación callejera cuyo terreno y desenlace estarían determinados por la represión. Se le convoca a incorporarse al gobierno que eligió, participar en sus actuaciones y ejercer pacíficamente la soberanía.

Quien organiza al país mediante autoridad legítima, instituciones, información, tecnología y participación no desestabiliza. Desestabiliza la organización narcoterrorista cuando utiliza los medios del Estado para impedir que el soberano actúe mediante el gobierno que produjo.

Ésa es también la verdadera estabilidad: la que nace de una autoridad capaz de organizar obediencia legítima, cooperación, instituciones y futuro, no de la permanencia de una estructura armada que produjo el caos y pretende presentarse como su remedio. La Gaceta Oficial viva muestra esa diferencia ante Venezuela y el mundo. Muestra al presidente elegido ejerciendo, a María Corina conduciendo políticamente al pueblo, a millones de venezolanos respondiendo a las autoridades y dirigentes que ellos mismos designaron, y a las capacidades nacionales incorporándose a tareas concretas. Del otro lado no aparecerá otro gobierno ni otra legitimidad. Aparecerá, cuando exista, la obstrucción de la organización narcoterrorista contra una actuación determinada.

Esa visibilidad obliga también a los gobiernos, las empresas, los bancos y los organismos internacionales a definir su conducta. Estados Unidos puede defender sus intereses, invertir, contratar y obtener beneficios legítimos en Venezuela. Pero debe hacerlo junto al gobierno producido por el soberano, respetando la autoridad venezolana y contribuyendo a retirar de los medios del Estado a la organización narcoterrorista que los utiliza contra Venezuela y contra otras naciones. Estados Unidos no puede calificar a esa organización como narcoterrorista cuando esa identificación sirve para justificar acusaciones, sanciones o acciones de fuerza y borrarla después cuando el petróleo o una conveniencia geopolítica hacen más cómodo presentar a sus integrantes como autoridades políticas. el Gobierno legítimo debe quitar ese disfraz y ofrecer una relación económica superior: legítima, estable, jurídicamente defendible y capaz de proteger intereses sin entregar la soberanía ni financiar a quienes ocupan los medios del Estado. A partir de allí, cada actor tendrá que decidir. Puede relacionarse con el Gobierno legítimo y participar en la reconstrucción, o puede fortalecer a la organización narcoterrorista y dejar documentada su responsabilidad. Ésta es la magnitud de constituir la autoridad electoral: no agrega una oficina al organigrama. Hace visible al gobierno, reúne al pueblo, impide que otra elección borre el mandato y convierte el ejercicio electoral de la soberanía en una fuerza que comienza a actuar desde ahora.

EL LENGUAJE PUEDE ARMAR O DESARMAR AL GOBIERNO.

La advertencia planteada al comienzo adquiere aquí una función operativa. Las palabras no sólo describen lo que las personas creen estar viendo. También les indican cómo reaccionar, qué grado de estabilidad atribuir a la situación, qué dimensión criminal reconocen, con quién consideran normal negociar y a quién tratan como aspirante o como autoridad.

Decir que la organización criminal «está en el poder» puede parecer una abreviatura práctica. En el oído cotidiano, sin embargo, la coloca dentro de la categoría Gobierno: alguien que rige, administra y recibió de algún modo una facultad pública. Lo exacto es distinto. La organización criminal mantiene por la fuerza control material sobre instrumentos del Estado; el Gobierno legítimo posee la autoridad nacida de la soberanía y debe organizar su ejercicio para recuperarlos.

«Aquí no hay Gobierno».

La indignación que contiene esa frase puede ser legítima. Los ciudadanos rescatan víctimas con las manos, improvisan atención y resuelven sin servicios necesidades que deberían ser atendidas mediante los recursos públicos. Pero la conclusión borra al Gobierno que el pueblo ya constituyó. No existen dos Gobiernos: uno legítimo, pero ineficiente, y otro cuestionable, pero capaz de administrar. Existe un Gobierno legítimo que puede estudiar, convocar, formular, decidir, organizar y ejecutar cuanto está a su alcance. Y existe la organización narcoterrorista, que mantiene bajo control armado organismos y recursos del Estado y los utiliza para robar, perseguir, sostenerse y causar daño.

Lo que falta no es Gobierno. Falta recuperar los medios materiales necesarios para completar el cumplimiento de sus decisiones.

Cuando «no hay Gobierno» se instala como premisa, la secuencia siguiente parece natural: si no hay Gobierno, hay que crearlo; y, para crearlo, hay que volver a una elección. El mismo mecanismo opera cuando se habla de «pragmatismo económico». El abuso se convierte en pragmatismo; el despojo, en inversión; la subordinación, en estabilidad; la persona impuesta, en autoridad de hecho; y la repetición de la elección, en oportunidad democrática.

María Corina.

Presidente. Esto no es una recomendación para redactar mejores comunicados. Forma parte de la estrategia mediante la cual el Gobierno ocupa el lugar que le pertenece y obliga a cada actor a ubicarse frente a la realidad correcta.

No diremos «el Gobierno actual», «quienes están en el poder», «el oficialismo», «la oposición», «la otra parte» ni «el otro Gobierno» cuando esas expresiones concedan categoría gubernamental a la organización criminal o reduzcan el mandato soberano a una aspiración política. Existe el Gobierno legítimo. Existe la organización narcoterrorista, vinculada con otras organizaciones, redes y operadores, que ocupa medios estatales y los utiliza contra las personas, los bienes, las instituciones y la seguridad dentro y fuera del país. Esa identificación debe permanecer viva ante el pueblo venezolano, el pueblo estadounidense, los Gobiernos, las empresas, los bancos, los tribunales y cualquier actor que pretenda intervenir en los recursos o en el futuro de Venezuela.

Ningún gobierno puede calificar a esa organización como narcoterrorista cuando le sirve para justificar acusaciones o medidas de fuerza y borrar después esa identificación cuando sus intereses económicos hacen más conveniente tratar a sus integrantes como autoridades políticas. Quien contrata, financia o normaliza esa estructura debe saber con quién se relaciona y qué ayuda a sostener.

Por eso el Gobierno necesita, desde el comienzo de su ejercicio, una Dirección de Lenguaje, Narrativa, Guion y Coherencia Soberana con autoridad transversal. No para censurar ni fabricar propaganda. Para verificar que cada documento, decisión, vocería y pieza pública mantenga identificados a los sujetos, conserve la secuencia del mandato y no desarme mediante el lenguaje lo que el Gobierno está construyendo mediante sus actos.

La prueba es práctica: quien comprenda el Gobierno legítimo en Ejercicio puede aplicarlo a un asunto nuevo y explicarlo sin convertir al gobierno en oposición, la gaceta en canal, el ejercicio en preparación ni la organización narcoterrorista en autoridad política.

LA GACETA OFICIAL VIVA CONVIERTE AL GOBIERNO EN FUENTE ORIGINAL.

El gobierno actúa de manera continua y Venezuela deja de depender de versiones ajenas para conocer qué estudia, qué propone, qué decide, qué ha realizado y qué permanece materialmente impedido. La Gaceta Oficial viva no será una parrilla de opinión ni una sucesión de presentadores afirmando que el gobierno trabaja. Será la presencia institucional permanente del gobierno: abierta durante las veinticuatro horas, organizada para que cada actuación pueda seguirse en el momento en que ocurre y consultarse después por cualquier persona interesada. Mientras el área eléctrica trabaja, también lo hacen salud, justicia, infraestructura, educación, finanzas, seguridad, relaciones internacionales y las demás funciones. No todas caben en una misma pantalla ni en un mismo minuto. La señal principal, los espacios temáticos, los expedientes audiovisuales, los archivos y los contenidos consultables permitirán entrar a cada área sin convertirlas en canales separados ni perder la unidad del gobierno que las dirige.

La tecnología debe llevar el trabajo hasta el ciudadano con la profundidad necesaria para que pueda verlo y comprenderlo: datos, mapas, modelos, imágenes, responsables, documentos, empresas participantes, decisiones y resultados. No se mostrará lo que algún día podría hacerse. Se mostrará lo realizado: “se reunió”, “se verificó”, “se convocó”, “se recibieron estas propuestas”, “se decidió”, “esta parte está en cumplimiento” y “este medio estatal retenido impide completar la siguiente”. Los ciudadanos podrán seguir el recorrido de una necesidad hasta la decisión y el estado de cumplimiento. Los medios recibirán hechos, documentos y responsables. Las empresas encontrarán una autoridad y una vía de comparecencia. Los gobiernos y organismos deberán responder a actos concretos.

La autoridad electoral da a esa ventana una dimensión todavía mayor: muestra a la república reuniéndose alrededor de las autoridades que ella misma produjo. La gaceta no se limita a afirmar que el pueblo acompaña a María Corina y al presidente Edmundo González Urrutia. Lo muestra en el registro de venezolanos dentro y fuera del país, en las capacidades que se incorporan, en las tareas que asumen y en los resultados que esa participación comienza a producir. La gaceta mostrará cómo se constituye el Consejo Nacional Electoral, quiénes lo integran, qué decisiones adopta, cómo avanza el registro electoral, qué garantías se establecen y cómo se prepara la participación. No será un contador de seguidores ni una exhibición propagandística, sino la demostración verificable de la cantidad y la calidad del pueblo actuando bajo la autoridad que eligió. El mismo orden rige cada asunto: primero la decisión del gobierno, los responsables, las capacidades incorporadas, la ejecución y el resultado. Sólo después aparece la obstrucción, con la identificación precisa de la actuación que intentó impedir y del daño producido por la organización narcoterrorista.

Cada venezolano sabrá dónde puede aportar información, incorporar una capacidad, presentar una solicitud, conocer sus requisitos o verificar una respuesta. No habrá propaganda gubernamental que gaste recursos en exhibir fotografías y consignas acerca de una obra. La información pública será parte del servicio: explicará qué se hace, quién responde, qué pasos debe seguir una persona, qué plazo existe, dónde comparecer y cuál fue el resultado. La utilidad reemplazará al anuncio; el gobierno será visible porque funciona, no porque se proclama a sí mismo.

Cada emisión nacerá de una función. Si comparece un experto, será porque aporta a una decisión. Si interviene una empresa, lo hará ante condiciones y una propuesta. Si participa una comunidad, aportará información o evaluará una necesidad. Si el gobierno decide, quedarán expuestos el camino, la autoridad y el paso siguiente.

La seguridad impedirá publicar aquello que ponga en riesgo a personas, fuentes, negociaciones u operaciones. Pero la reserva no podrá convertirse en oscuridad administrativa. La autoridad, las reglas, los criterios, el uso de recursos y los resultados deberán ser verificables. El mundo no tendrá que imaginar lo que María Corina, Edmundo y Venezuela podrían hacer: los verá hacerlo. La ventana tecnológica no sustituirá al gobierno ni a la ejecución: hará visible el organismo distribuido que trabaja detrás de ella, ampliará su capacidad y mostrará quién coopera, quién rectifica, quién negocia y qué fuerza retiene los medios necesarios para completar el cumplimiento.

CÓMO AUMENTA EL CUMPLIMIENTO ANTES DE RECUPERAR LOS MEDIOS ESTATALES OCUPADOS.

El cumplimiento no aparece de un día para otro cuando finalmente se recuperan todos los edificios, cuentas y organismos. Comienza desde ahora, cuando las decisiones del gobierno legítimo producen trabajo, respuestas, relaciones y efectos en el mundo real. Un profesional atiende una convocatoria. Una universidad incorpora una investigación. Una comunidad entrega y valida datos. Una empresa presenta una propuesta. Un banco estudia una estructura. Un organismo recibe un expediente. Un gobierno responde. Un trabajador dentro del territorio aporta información o cumple las tareas que puede realizar sin exponerse inútilmente. Cada movimiento reconoce de manera práctica una autoridad y crea capacidad para el paso siguiente.

No es necesario llevar personas hasta una planta, una oficina o un cuartel para demostrar que existe una fuerza que impide utilizarlo. Los medios materiales del estado ya están ocupados por la organización narcoterrorista. El gobierno define la actuación completa, ejecuta la parte disponible y establece con precisión qué decisión no puede cumplirse todavía porque una instalación, una cuenta, una cadena administrativa o un cuerpo permanece bajo control armado. Algunos funcionarios, organismos locales o sectores internos podrán comenzar a responder cuando encuentren una instrucción legítima, competente y respaldada por una solución. Otros no podrán hacerlo inmediatamente por miedo, vigilancia o riesgo. Ese ejercicio necesitará verificación, protección, protocolos y una disciplina rigurosa para no convertir la participación en exposición irresponsable ni permitir que la organización narcoterrorista presente al gobierno como productor de caos o enfrentamientos.

La obediencia, la información y los intereses pueden comenzar a desplazarse antes de la restitución material completa. Cada expediente deja responsables, datos, contratos, relaciones, decisiones y aprendizaje; lo construido para un asunto permanece y sirve al siguiente. La parte cumplida aumenta, la parte materialmente impedida queda definida y las fuerzas necesarias para recuperarla dejan de actuar como esfuerzos aislados. El proyecto no promete que la fuerza desaparecerá porque una frase la denuncie. Hace trabajar al Gobierno legítimo y convierte cada actuación en poder acumulado.

LA PRIMERA DECISIÓN INSTITUCIONAL.

Esta presentación no pretende definir desde afuera el organigrama completo, la sede física, el presupuesto ni los protocolos de seguridad. Tampoco corresponde que determine por sí sola las herramientas tecnológicas para la transmisión, la coordinación, el archivo, la protección de información y el seguimiento institucional, ni que escoja el primer asunto gubernamental que debe abrirse. No se propone comenzar construyendo un programa informático desde cero. Esas decisiones requieren información, autoridad y responsabilidades que sólo ustedes pueden reunir. La primera decisión consiste en reconocer que el Gobierno legítimo puede y debe comenzar a ejercer las funciones disponibles sin esperar la restitución material completa y que ese ejercicio debe organizarse como instrumento, vehículo y arma de restitución. De allí nace la decisión operativa: designar un interlocutor autorizado y un equipo integrador pequeño, competente y reservado, encargado de estudiar la propuesta, confrontarla con la información real, identificar riesgos, ordenar capacidades y convertirla en una primera estructura institucional.

Ese equipo no tendrá la tarea de montar un canal. Tendrá que establecer: cómo ingresan y se procesan los asuntos de gobierno; quién puede convocar, formular, decidir, firmar y rendir cuentas; cómo se distingue lo público de lo reservado; cómo se incorporan capacidades dentro y fuera del territorio; cómo se verifica la información y se protege a las personas; cómo se construyen propuestas y contrapropuestas; cómo se negocia y documenta una respuesta; cómo funciona la Gaceta Oficial viva; cómo se preserva la coherencia de lenguaje y narrativa; cómo se constituye y se pone en funcionamiento el Consejo Nacional Electoral legítimo, cómo se abre el registro electoral de todos los venezolanos y qué capacidades jurídicas, técnicas, tecnológicas, de seguridad y auditoría requiere; y cómo cada actuación contribuye a recuperar poder material.

Esta responsabilidad no convierte otra elección en el punto de partida. Impide que el Poder Electoral permanezca fuera del gobierno legítimo y que la organización narcoterrorista continúe utilizando los medios electorales del estado para fabricar una legitimidad distinta. El primer acto público deberá elegirse por su capacidad para contener la lógica completa y producir continuidad. No será un piloto que reduzca la soberanía a un sector ni una demostración teatral. Será una materia nacional real que obligue a reunir información, conocimiento, autoridad, propuesta, contraparte, decisión, seguimiento y cumplimiento posible y que permita identificar con precisión qué medios estatales retenidos impiden completar aquello que el gobierno ya ha organizado y decidido. A partir de allí, cada asunto abierto deberá dejar una estructura que permanezca. El instrumento se perfeccionará trabajando; el vehículo ganará capacidad conduciendo; y el arma demostrará su potencia produciendo cambios reales en conductas, costos, relaciones y obediencias.

LO QUE ESTÁ EN SUS MANOS.

Venezuela no carece de soberanía, mandato, legitimidad, talento, información, tecnología ni personas dispuestas a trabajar. Tampoco carece de relaciones ni de una causa capaz de activar intereses fuera de sus fronteras. Lo que todavía no ha sido ensamblado es el organismo que convierta todo eso en gobierno cotidiano y en fuerza dirigida hacia la recuperación del Estado. Ustedes poseen lo que Guaidó tuvo y mucho más. Poseen un mandato presidencial directo y probado, una conducción política ratificada por el pueblo y una confianza nacional extraordinaria. Poseen también una experiencia colectiva capaz de vencer la inhabilitación, proteger las actas y alcanzar una legitimidad internacional de dimensión histórica. Y esa fuerza no les pertenece sólo a ustedes. Está en sus manos porque el pueblo les confió la conducción y el mandato, pero nació de una operación nacional construida por miles de venezolanos dentro y fuera del país. Cada acta protegida, cada tarea cumplida, cada riesgo asumido y cada prueba conservada forman parte de una conquista colectiva que debe ser custodiada, ejercida y devuelta a la nación como gobierno funcionando.

Lo recibido los autoriza y también los obliga. No es una reserva privada que pueda conservarse hasta que las condiciones sean cómodas ni devolverse a quienes fueron derrotados para que decidan si la reconocen. El pueblo ya entregó la conducción, el mandato, la prueba, el riesgo y la capacidad colectiva que permitió vencer la obstrucción electoral. Lo que corresponde ahora no es pedirle otra demostración, sino convertir en gobierno aquello que ya produjo.

Todo eso puede permanecer como una montaña de capacidad inmóvil si no se organiza para actuar. Puede ser desgastado, fragmentado o devuelto a una nueva competencia si el Gobierno no ocupa el presente mediante un ejercicio visible, continuo y organizado. el Gobierno legítimo en Ejercicio reúne esa capacidad: es instrumento porque permite actuar, vehículo porque la conduce y arma porque utiliza cada actuación para reducir la capacidad de la organización narcoterrorista y producir las condiciones necesarias para completar la restitución.

No les proponemos convivir mejor con la obstrucción ni mantener una presencia hasta que otro decida entregarles el poder. Les proponemos gobernar para vencerla. Tampoco les proponemos pedir a Estados Unidos que abandone sus intereses. Les proponemos construir la realidad que demuestre a su pueblo, sus instituciones, sus empresas y su administración que esos intereses quedan mejor protegidos junto al Gobierno legítimo que mediante el fortalecimiento de la organización narcoterrorista.

No se trata de construir una apariencia digital de poder. Se trata de hacer que el mandato actúe, que las capacidades dispersas produzcan Gobierno y que la propuesta venezolana llegue con precisión a quienes pueden convertirla en relaciones, ejecución, presión e interés propio. Cuando Estados Unidos encuentre delante un Gobierno que formula soluciones, convoca empresas, ofrece relaciones económicas defendibles y documenta decisiones, Venezuela dejará de aparecer como un objeto sobre el cual puede decidirse sin contraparte. Encontrará al Gobierno que el soberano venezolano ya produjo.

El Gobierno legítimo no tiene que esperar a recuperar todos los medios del Estado para comenzar a ejercer.

Tiene que ejercer para reunir poder, desplazar la obstrucción y recuperarlos.

Y ejercer, en estas condiciones, exige resolver primero algo que quedó pendiente desde el 10 de enero. El Presidente tiene que tomar posesión.

Presidente, si aquel día usted no pudo tomar posesión en Venezuela, sabemos perfectamente por qué ocurrió. Usted estaba dispuesto a entrar para asumir la Presidencia y la organización narcoterrorista se lo impidió materialmente. Cerró fronteras, controlaba aeropuertos y espacio aéreo, tenía bajo su mando los instrumentos armados del Estado y llegó a plantearse una amenaza capaz de poner en riesgo su vida y la de quienes pretendían acompañarlo. No faltó el Presidente, no faltó el mandato y tampoco faltó la voluntad de asumir. Lo que hubo fue una fuerza armada dispuesta a impedir que el Presidente elegido entrara al país y tomara posesión en las condiciones ordinarias.

Eso explica por qué no pudo hacerse de aquella manera. Y explica también por qué ahora no podemos quedar atrapados esperando que vuelvan a existir unas condiciones que precisamente la fuerza continúa impidiendo.

Si pudiéramos elegir libremente el escenario, por supuesto que la toma de posesión se haría en Venezuela, con toda la solemnidad de un acto de Estado, los símbolos correspondientes y el rigor de un protocolo ordinario. Es como ponerse unos pantalones y asegurarlos con un excelente cinturón o con los mejores tirantes. Esa es la forma natural y cómoda de llevarlos. Pero si un tercero armado viene y te arrebata el cinturón y los tirantes por la fuerza, el pantalón no deja de ser tuyo ni deja de ser necesario. Sigue siendo tu ropa y tienes que sostenerlo. Entonces utilizas una cabuya.

Eso es lo que ocurrió aquí. Miraflores, la presencia física en Venezuela, los palacios públicos y las formas materiales ordinarias de la toma de posesión son el cinturón y los tirantes que la organización narcoterrorista impidió utilizar. El Gobierno es el pantalón. Y si aceptáramos que, porque nos arrebataron el cinturón y los tirantes, tampoco podemos ponernos el pantalón, estaríamos concediendo a quien controla esos medios la facultad de decidir si el mandato soberano puede producir sus consecuencias.

Por eso recurrimos a otros medios. No porque el streaming esté de moda, ni porque una estructura distribuida resulte más moderna, sino porque son los medios que sí están disponibles cuando la fuerza impide utilizar los ordinarios. La transmisión, las conexiones desde distintos lugares, las juramentaciones a distancia, la Gaceta Oficial viva y los equipos capaces de comenzar a actuar son, en esta circunstancia, la cabuya: los instrumentos disponibles con los que el mismo Gobierno puede tomar posesión, sostener su ejercicio y empezar a recuperar los medios ordinarios que le fueron arrebatados.

Que no podamos utilizar la forma habitual no significa que debamos renunciar a ejercer aquello que esa forma venía a exteriorizar. Ahora bien, si esto podía hacerse, alguien puede preguntarse por qué no se hizo inmediatamente.

Y para responder hay que mirar lo que estaba ocurriendo.

Las actas no solamente demostraron que Edmundo había ganado. Terminaron de desnudar a Maduro. Después del 28 de julio ya no podía presentarse afuera como si Venezuela estuviera simplemente atrapada en otra disputa política interna. Había un resultado comprobable, había un Presidente electo reconocido internacionalmente y había una organización narcoterrorista utilizando las armas y los medios del Estado para impedir que ese Presidente ejerciera.

Eso le dio a Trump algo que antes no tenía con esa claridad.

Podía decir dentro de Estados Unidos: aquí está el Presidente que eligieron los venezolanos, aquí está la prueba de que ganó y quienes están impidiendo que ejerza son precisamente los integrantes de la organización narcoterrorista que nosotros venimos señalando como una amenaza para nuestra propia seguridad.

Ahí Maduro quedó desnudo.

Y ahí Trump pudo apretar de verdad.

Con esa realidad delante pudo mover todo lo que Estados Unidos puede mover cuando decide actuar: su Gobierno, el Congreso, la diplomacia, la inteligencia, la presión económica, sus alianzas y, finalmente, la fuerza material.

Estados Unidos hizo eso por Estados Unidos. Claro que sí. Pero en ese momento sus intereses coincidieron con una necesidad nuestra. Nosotros teníamos la decisión soberana, el resultado demostrado y el Presidente reconocido. Lo que no teníamos era la fuerza militar necesaria para penetrar la estructura que seguía ocupando los medios del Estado y estaba dispuesta a defenderlos con las armas.

Estados Unidos sí tenía esa fuerza.

Y el 3 de enero la utilizó.

Entró, penetró aquella estructura y sacó a Maduro.

Presidente, María Corina, después de eso era perfectamente razonable esperar. La fuerza que ustedes no tenían acababa de retirar a quien encabezaba la estructura que les había impedido cumplir materialmente el mandato. Lo natural era pensar que aquella actuación continuaría hasta remover la obstrucción y abrir el camino para la restitución.

Si alguien entra a tu casa con la fuerza suficiente para sacar a quienes no te dejan entrar, no lo detienes cuando acaba de comenzar. Esperas que termine, porque necesitas precisamente la fuerza que tú no tienes.

Eso explica la espera.

Lo que cambia nuestra posición es que la restitución no llegó.

Maduro salió, pero ustedes siguieron afuera. Parte de la organización narcoterrorista permaneció sobre los medios del Estado y Estados Unidos comenzó a relacionarse con quienes quedaron, a obtener de ellos determinadas conductas y a organizar sobre esa relación una parte del presente venezolano.

Y ahí cambia la cuenta.

Nos convenía que Estados Unidos sacara a Maduro. Nos sigue conviniendo que contribuya a retirar la obstrucción que permanece. Podemos construir con Estados Unidos una relación extraordinariamente beneficiosa para ambos países.

Pero que nos haya convenido que sacara al invasor no significa que le hayamos regalado la casa.

La casa sigue siendo venezolana.

Y ustedes representan justamente aquello que resulta más difícil administrar desde afuera: una autoridad venezolana que no nace de Washington, que no depende de Washington y que, cuando comience a ejercer, tendrá que decidir por Venezuela.

La organización narcoterrorista, evidentemente, no los quiere ejerciendo.

Pero tampoco resulta cómoda para la arquitectura que hoy está administrando Estados Unidos una autoridad venezolana soberana que ocupe directamente ese espacio.

Y ahí aparece la elección.

No hace falta negar el 28 de julio.

No hace falta decir que Edmundo perdió.

No hace falta destruir públicamente a María Corina.

Puede hacerse algo mucho más eficaz: devolver a Edmundo al pasado como el hombre que ganó en 2024 y devolver a María Corina al futuro como la candidata que ahora sí podrá competir.

Ahora sí habrá garantías.

Ahora Estados Unidos está allí.

Ahora habrá otro Consejo Nacional Electoral.

Ahora sí respetarán el resultado.

Y, por encima de todo, una frase capaz de atraer nuevamente a millones de venezolanos: si María Corina va, gana.

Claro que atrae.

Ahí está precisamente la trampa.

Porque antes de abrir una sola urna ya habría ocurrido lo fundamental: ustedes habrían aceptado volver a competir para producir una autoridad que el pueblo ya produjo.

Edmundo deja de ocupar el presente como Presidente.

María Corina deja de ocupar la posición política que hoy tiene y vuelve a esperar una autorización futura.

Y el soberano vuelve a ser electorado.

Eso es lo que no podemos permitir.

No porque Venezuela no vuelva a elegir.

Tiene que hacerlo.

Pero la próxima elección tiene que nacer de una democracia que haya demostrado primero que cuando el soberano decide, su decisión se cumple.

El 28 de julio no necesita otra elección que lo confirme.

Necesita producir sus consecuencias para que la próxima elección tenga valor.

Y ahí llegamos al momento que puede cambiarlo todo. Presidente, ha llegado el momento de tomar posesión oficialmente y comenzar a ejercer en el mismo acto.

No una declaración diciendo que algún día se comenzará a gobernar.

No una ceremonia que termine y deje la realidad exactamente igual cuando se apague la transmisión.

Una verdadera toma de posesión en la cual el Gobierno empiece a aparecer funcionando mientras Venezuela y el mundo están viendo el acto.

Eso tiene que prepararse al dedillo.

Con identidad institucional.

Con protocolo.

Con maestro de ceremonia.

Con invitados previamente convocados.

Presidentes, expresidentes, representantes de gobiernos, personalidades de organismos internacionales y figuras relevantes para Venezuela y para la democracia, algunos presentes físicamente y otros participando desde sus respectivos países.

Todos sabiendo perfectamente a qué fueron invitados.

A la toma de posesión del Presidente de Venezuela.

Y ustedes dos en el centro.

Presidente, usted asumiendo formalmente la responsabilidad que recibió del soberano.

María Corina, usted ocupando dentro de esta construcción la responsabilidad institucional que jurídicamente corresponda a la conducción política que conserva. La figura concreta tendrá que estudiarse con rigor, cuidando además aquello que corresponda para su futuro político.

Pero el acto tiene que mostrar sin confusión lo que el pueblo produjo.

Edmundo no está allí para prestarle una formalidad constitucional a María Corina.

María Corina tampoco está allí como acompañante del Presidente.

Son responsabilidades distintas, enormes, nacidas de una misma operación soberana y necesarias dentro de la misma construcción.

Y entonces viene algo que puede darle al acto una dimensión extraordinaria: lo que ustedes van a decir.

Presidente, su intervención tiene que explicar con absoluta claridad la continuidad del mandato, por qué no pudo producirse la toma de posesión ordinaria, por qué se produce ahora de esta manera y qué significa que desde ese momento el Gobierno entra en ejercicio.

Y María Corina, aquí hay una pregunta que vale la pena que usted misma se haga.

Si un discurso suyo, incluso pronunciado por otra voz y en otro escenario, ha sido capaz de permanecer en la conversación pública mucho después de terminado el acto, ¿qué puede producir un discurso suyo en estas condiciones, junto al Presidente de Venezuela, delante de millones de venezolanos y del mundo, mientras el Gobierno comienza a ejercer en tiempo real?

Porque ya no sería simplemente otro gran discurso de María Corina.

Sería María Corina explicándole a Venezuela qué está ocurriendo mientras aquello que explica empieza a hacerse realidad delante de todos.

Y quizá allí adquiera también su sentido más completo aquella frase que acompañó durante tanto tiempo a millones de venezolanos: “Hasta el final”. Porque aquí estaríamos llegando al final de la espera y al comienzo del ejercicio de aquello por lo que se llegó hasta allí.

Y ésa puede ser una de las fuerzas más grandes de este acto.

Mientras ustedes explican que Venezuela no vuelve a comenzar, sino que está haciendo cumplir lo que ya decidió, el Gobierno empieza a constituirse.

Primero toma posesión el Presidente.

Y sólo a partir de ese momento comienza a nombrar a quienes integrarán su Ejecutivo.

Nadie aparece antes con un cargo que todavía no ha recibido.

Una persona puede estar físicamente allí o conectada desde cualquier lugar del mundo. Aparece inicialmente con su nombre y con el lugar donde se encuentra.

El Presidente produce el nombramiento.

Cuando corresponda, la juramenta.

La persona acepta, presta juramento y sólo entonces cambia su identificación en pantalla.

Nombre.

Cargo.

Lugar desde el cual comienza a ejercer.

Y desde ese instante ya no estamos viendo simplemente a un venezolano conectado desde Madrid, Washington, Houston, Bogotá o cualquier otra ciudad.

Estamos viendo a un integrante del Gobierno de Venezuela que acaba de recibir formalmente una responsabilidad.

Y allí mismo comienza a ejercerla.

El Presidente le da su primera instrucción.

Se abre el expediente correspondiente.

Se incorpora el equipo.

Comienza la actuación.

Después viene otro nombramiento.

Y otro.

Economía.

Relaciones exteriores.

Energía.

Petróleo.

Infraestructura.

Salud.

Las funciones que ustedes hayan decidido activar desde ese mismo momento.

No para llenar una pantalla de ministros.

Cada nombramiento tiene que poner algo a funcionar.

Y al mismo tiempo está funcionando la Gaceta Oficial viva.

Se produce el nombramiento y se publica.

Se adopta una decisión y queda registrada.

Se imparte una instrucción pública y Venezuela puede verla.

De manera que el discurso y el Gobierno avanzan juntos.

Y allí ocurre la inmersión.

La persona que se conectó para ver una toma de posesión comenzó viendo una ceremonia.

Vio al Presidente.

Vio a María Corina.

Vio a los invitados internacionales.

Escuchó la explicación.

Después vio un nombramiento.

Vio una juramentación.

Vio aparecer un ministro.

Vio que recibió una instrucción.

Vio que la Gaceta publicó el acto.

Vio comenzar otra función.

Y llega un momento en que ya no sabe exactamente cuándo dejó de escuchar la explicación de un Gobierno posible y empezó a ver al Gobierno de Venezuela funcionando delante de él.

Eso es lo que queremos producir.

Y, al mismo tiempo, explicar con absoluta claridad qué significa que el Gobierno legítimo esté en ejercicio. No hace falta repetir durante otra hora todo lo que estas páginas ya han explicado. Sí hace falta que Venezuela comprenda que la autoridad producida por el soberano comienza a ejercer desde ese momento las funciones que están a su alcance, organiza las capacidades disponibles y utiliza cada actuación para recuperar también los medios del Estado que todavía permanecen ocupados.

Entonces la gente no solamente escucha qué es el Gobierno legítimo en Ejercicio. Lo está viendo ejercer mientras se lo explican.

La forma demuestra lo que la palabra está diciendo.

Y entonces la dimensión del acontecimiento deja de ser solamente venezolana.

Porque lo que el mundo estaría viendo no es únicamente una solución nuestra frente a una circunstancia excepcional.

Estaría viendo una forma de ejercicio soberano capaz de funcionar cuando una nación ha producido una autoridad legítima, pero una fuerza le impide utilizar materialmente parte de los instrumentos ordinarios del Estado.

Un Gobierno distribuido, constituido por autoridad soberana, actuando públicamente, incorporando capacidades nacionales sin importar dónde se encuentren, documentando sus actos y utilizando cada actuación para recuperar aquello que todavía permanece ocupado.

Eso, en la escala que estamos planteando, puede convertirse en una experiencia política e institucional sin precedente para el mundo contemporáneo.

No porque Venezuela quiera dar una lección teórica a nadie.

Porque estaría resolviendo su propio problema.

Pero al resolverlo puede demostrar algo que otras naciones también podrán mirar: que ocupar materialmente los instrumentos de un Estado no necesariamente basta para extinguir la capacidad de una nación de organizarse, ejercer soberanía y defender el Gobierno que produjo.

Imaginen entonces la fuerza de ese discurso dentro de ese escenario.

María Corina hablando.

El Presidente ejerciendo.

El Gobierno constituyéndose.

La Gaceta registrándolo.

Invitados internacionales presenciándolo.

Millones de personas siguiéndolo.

Y todo ocurriendo al mismo tiempo.

¿Qué conversación existiría al día siguiente?

Y mientras el mundo intenta comprender lo que acaba de ver, el Gobierno sigue trabajando.

Eso es fundamental.

La transmisión termina.

El Gobierno no.

A partir de allí ya existe un Ejecutivo en ejercicio y comienza la tarea de recuperar todo lo demás.

Habrá instituciones cuya reconstrucción no dependa exclusivamente del Presidente y cuyos procedimientos constitucionales ordinarios hoy estén impedidos porque los órganos que deberían intervenir no existen legítimamente o sus medios permanecen capturados.

Eso tendrá que estudiarse jurídicamente con enorme rigor.

No corresponde inventar atribuciones.

Corresponde encontrar, dentro de la Constitución y de la situación extraordinaria que enfrentamos, las vías mediante las cuales la República puede reconstruir las instituciones que necesita.

Y entre ellas está, de manera fundamental, el Poder Electoral.

Porque una vez que el Gobierno está ejerciendo, cambia por completo la discusión sobre el Consejo Nacional Electoral.

Ya no buscamos un Consejo Nacional Electoral para que una mesa produzca mediante otra elección el Gobierno que supuestamente Venezuela todavía no tiene. Tenemos Gobierno.

Desde ese Gobierno en ejercicio corresponde poner en marcha la reconstrucción del Poder Electoral por las vías constitucionales que correspondan, hasta constituir una autoridad electoral legítima, autónoma, verificable y capaz de actuar frente a todo el país. No se trata de convertir el Consejo Nacional Electoral en una dependencia del Ejecutivo ni de inventar atribuciones. Se trata de activar, con rigor jurídico, los órganos y procedimientos competentes para recuperar una institución que también pertenece a la República.

Y esa actuación comienza a producir consecuencias antes de cualquier futura elección.

El Consejo Nacional Electoral legítimo abre y organiza el Registro Electoral de todos los venezolanos, dentro y fuera del territorio. Los millones de ciudadanos expulsados del país dejan de ser tratados como una población exterior y vuelven a aparecer donde siempre han pertenecido: dentro del soberano venezolano.

La tecnología permite hacerlo sin depender exclusivamente de instalaciones que permanecen ocupadas. Permite registrar, identificar, informar, verificar y auditar. Los especialistas tendrán que determinar los sistemas, las modalidades y los resguardos necesarios. Pero la decisión estratégica es anterior: todo venezolano con derecho a participar debe poder hacerlo, esté donde esté.

Y fíjense en lo que comienza a ocurrir desde el momento mismo en que esa autoridad electoral existe y actúa.

Cada venezolano que se incorpora reconoce el lugar donde su decisión continúa viva. Cada partido, cada empresa, cada gobierno y cada organismo internacional que tenga que relacionarse con la autoridad electoral venezolana tendrá que decidir ante cuál autoridad comparece.

De manera que el Consejo Nacional Electoral no aparece solamente al final, cuando llegue el momento constitucional de una futura elección. Comienza a formar parte desde ahora de la recuperación institucional del Estado.

Y esto permite distinguir dos momentos diferentes.

El primero responde a la maniobra que hoy pretende utilizar otra elección para borrar las consecuencias del 28 de julio. Si intentan llevar a Venezuela por ese camino, ya no estaríamos simplemente frente a una elección organizada desde los instrumentos ocupados, mientras el Presidente y María Corina deciden si participan o no. Existiría también una autoridad electoral legítima, nacida de la reconstrucción institucional que está realizando el Gobierno, capaz de colocar delante de Venezuela y del mundo la verdadera cuestión de soberanía.

Pero ése no es el propósito permanente que justifica su existencia.

El propósito permanente es reconstruir el Poder Electoral para que, cuando constitucionalmente corresponda que Venezuela vuelva a elegir, lo haga dentro de una República que ya haya demostrado algo elemental: que cuando el soberano decide, su decisión se cumple.

El 28 de julio no necesita que un nuevo Consejo Nacional Electoral vuelva a preguntarle al pueblo quién ganó. Necesita que el Gobierno producido por aquella decisión ejerza, reconstruya la institucionalidad y prepare las condiciones para que la próxima elección sea continuidad de la democracia recuperada, no el mecanismo utilizado para borrar la elección anterior.

Y también cambia la mesa.

Ya no llegan Edmundo González Urrutia y María Corina Machado a preguntar bajo qué condiciones podrían algún día gobernar.

Llega Venezuela.

Y Venezuela sí tiene muchísimo que negociar.

Cómo se termina de retirar la obstrucción.

Cómo se recuperan los medios del Estado.

Cómo se reconstruyen las instituciones.

Cómo se recuperan los activos.

Cómo se organiza la seguridad.

Cómo se reconstruyen el petróleo, la energía, la infraestructura y las empresas.

Cómo se atraen inversiones.

Cómo se estabiliza el país.

Todo eso puede y debe negociarse.

Pero ya no se negocia sobre Venezuela.

Se negocia con Venezuela.

Y allí Estados Unidos también queda frente a una realidad distinta desde el mismo día de la toma de posesión.

No tenemos que derrotar a Estados Unidos.

Tenemos que recuperarlo.

Si decide acompañar al Gobierno legítimo, puede construirse una relación extraordinaria entre dos naciones cuyos intereses pueden coincidir ampliamente.

Pero si insiste en que hace falta otra elección, tendrá que explicar por qué la elección que reconoció no debe producir sus consecuencias.

Si continúa prefiriendo como interlocutores a quienes permanecen dentro de la organización narcoterrorista, tendrá que explicar por qué la estructura cuya naturaleza utilizó para justificar su actuación resulta ahora preferible al Gobierno que produjeron los venezolanos.

Y si llegara a intentar impedir el ejercicio del Gobierno legítimo, la pregunta sería todavía más clara: ¿está ayudando a Venezuela a recuperar su soberanía o está intentando sustituirla?

No hace falta amenazarlo.

No hace falta acusarlo.

No hace falta gritar.

Basta con que el Gobierno exista y ejerza.

Antes de la toma de posesión, todos pueden seguir preguntándose qué ocurrirá con Venezuela.

Después de la toma de posesión, la pregunta cambia.

El Gobierno de Venezuela acaba de comenzar a ejercer. Ahora cada uno tendrá que decidir qué va a hacer frente a esa realidad.

Y eso ocurre desde el primer día.

Desde el primer acto.

Desde el primer nombramiento.

Desde la primera decisión.

Desde la primera página de la Gaceta Oficial viva.

Ahí instrumento, vehículo y arma dejan definitivamente de ser conceptos.

Empiezan a funcionar.

Y por eso este paso no consiste solamente en tomar posesión.

Consiste en convertir en realidad visible todo lo que el soberano venezolano ya produjo y colocar esa realidad, al mismo tiempo, delante de Venezuela y delante del mundo.

Desde ese momento, el Gobierno legítimo de Venezuela está en ejercicio.

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El Gobierno legítimo en Ejercicio. Instrumento, vehículo y arma para convertir el mandato soberano en gobierno actuando, y recuperar el estado venezolano.

EL PUNTO DE PARTIDA: EL PUEBLO YA PRODUJO EL GOBIERNO.

¿QUÉ PONEMOS EN SUS MANOS?

¿EN QUÉ CONSISTE CONCRETAMENTE?

VEAMOS AL GOBIERNO ACTUANDO.

¿POR QUÉ ES UN INSTRUMENTO?

¿POR QUÉ ES UN VEHÍCULO?

¿POR QUÉ ES UN ARMA?

¿CÓMO SE CARGA?

¿A QUÉ APUNTA?

¿CÓMO ACTÚA?

¿QUÉ RESULTADO PRODUCE?

EL MANDATO EXISTE; LO RETENIDO ES SU EJECUCIÓN COMPLETA.

LA ORGANIZACIÓN NARCOTERRORISTA OCUPA LOS MEDIOS DEL ESTADO; NO GOBIERNA.

ESTADOS UNIDOS: LA FUERZA QUE ACTUÓ Y LA DECISIÓN QUE DEBE CAMBIAR.

EL 3 DE JULIO NO PRODUJO UN VACÍO.

EL MANDATO VIGENTE Y LA PALABRA «OPORTUNO».

LA CUENTA ECONÓMICA COMPLETA.

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DE LA CONQUISTA AL GOBIERNO: GUAIDÓ, PÁEZ Y CAPRILES.

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LA RESPUESTA: EL GOBIERNO ORGANIZA TAMBIÉN EL PODER ELECTORAL.

EL LENGUAJE PUEDE ARMAR O DESARMAR AL GOBIERNO.

LA GACETA OFICIAL VIVA CONVIERTE AL GOBIERNO EN FUENTE ORIGINAL.

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